Manuel Radice, abogado, político liberal y amigo personal del vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TJSE), Alberto Ramírez Zambonini, su esposa Clara Haydée Silveira, más conocida como la asesora viajera del TSJE, su hermana Gloria María Paz Silveira Arza y la madre de estas, Ana Catalina Arza, fueron beneficiadas ayer con las medidas alternativas a la prisión durante la audiencia de imposición de medidas.
Los mismos beneficios obtuvieron Christian Bogado, director de Recursos Humanos del TSJE, y Modesto Núñez, superintendente del organismo electoral.
El juez Hugo Sosa Pasmor les impuso una fianza personal de sus abogados Abrahán Osvaldo Bittar, Édgar González y Alfredo Delgado, de 200 millones de guaraníes por cada imputado, lo que da un total de G. 1.200 millones, que deberán ser sustituidos en el plazo de 20 días por una caución real.
Los presuntos planilleros del TSJE tienen prohibido salir del país, cambiar de domicilio y la obligación de presentarse del 1 al 5 de cada mes para firmar el registro.
La imputación fiscal es por la supuesta comisión de los hechos punibles de cobro indebido de honorarios, uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, expedición de certificados sobre méritos falsos y servicios de contenido falso.
El magistrado manifestó que les otorgó su libertad ambulatoria y no decretó la prisión de los imputados, debido a que la Fiscalía manifestó que estaban dadas las condiciones para la aplicación de medidas menos gravosas. Explicó que los imputados se sometieron al proceso penal, por lo que con eso disipan los indicios con respecto al peligro de fuga o de obstruir en la investigación. Señaló que, además, los procesados poseen arraigo.
“Van hablar los abogados; nosotros vamos hacerlo a través de los medios legales”, dijo brevemente Radice en declaraciones ante los medios de prensa ayer tras comparecer ante el juez.
Osvaldo Bittar, abogado de Radice y su familia, manifestó que se están poniendo a disposición y ofrecieron una fianza personal de G. 1.000 millones y que incluso si el magistrado quería aumentar la suma no se oponía. El abogado Delgado, en representación de los altos funcionarios del TSJE, Bogado y Núñez, también se adhirió al pedido de la Fiscalía y la otra defensa técnica.
el caso. Las citadas mujeres percibían sus salarios sin asistir a sus lugares de trabajo y fue supuestamente Radice el que consiguió los contratos. En tanto, Núñez y Bogado mantenían las planillas de asistencia con datos falsos, según la investigación revelada por ÚH y confirmada por la Fiscalía.