La denominada “reactivación de la agricultura familiar campesina” es el segundo eje que contempla la ley de emergencia, que fue una de las reivindicaciones de los campesinos que protestaron por más de un mes en Asunción.
Esta reactivación implica compra de insumos, herramientas y preparación de tierra básicamente, según explicaron los representantes de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI). Ayer se llevó a cabo la tercera reunión entre representantes de la CNI y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con el objetivo de acordar mecanismos para la aplicación de la ley.
El viceministro de Ganadería, Marcos Medina, explicó que aún quedan por ver “los mecanismos que los lleven a la reactivación productiva, especialmente qué montos van a ser distribuidos a las organizaciones”.
Medina aseguró que la ley no solamente beneficiará a los miembros de la coordinadora, sino a todos los campesinos que se encuentran en situación de emergencia.
Así también dijo que el MAG es el organismo encargado de la reactivación de la agricultura, así como la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) se encargará de distribuir los kits de alimentos, que es otro de los puntos contemplados en la ley.
Al respecto, dijo que la distribución de alimentos se hará una vez que la CNI presente su lista de afectados. Estos nombres se cruzarán con la base de datos elaborada por el MAG, que consta de 50.000 nombres.
El tercer eje prioritario de la ley es la refinanciación de deudas con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y la obtención de nuevos créditos.
La presidenta del CAH, Amanda León, también participó de la reunión e informó que esperan que Diputados sancione el proyecto que amplía la ley de rehabilitación financiera. Con la modificación introducida, se incluirá a 20.000 clientes morosos con deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2017. Los mismos serán beneficiados con una quita de intereses, refinanciación a diez años, dos años de gracia y un 8% de tasa de interés, comentó León.
El mismo proyecto de ley, que cuenta con media sanción, también contempla la ampliación presupuestaria de USD 20 millones para la reactivación de la agricultura familiar, y otros USD 20 millones para fondear el CAH. El proyecto se trataría esta semana en la Cámara Baja.
Por su parte, el dirigente Jorge Galeano reiteró la urgencia de priorizar la entrega de alimentos. Así también solicitó que el Gobierno convoque a los presidentes de los bancos privados para informar acerca de la declaración de emergencia, lo cual impide que los afectados cumplan con sus compromisos financieros en el sector privado.