EFE
“El Gobierno del presidente Macri tomó una posición que no pretende interferir con la Justicia pero sí favorecer desde el Poder Ejecutivo las medidas que se adopten para ayudar al esclarecimiento de ambos episodios”, declaró la Presidencia argentina en un comunicado.
El mandatario hizo pública su postura tras recibir a las hijas de Nisman, Iara y Kala, en su quinta familiar de Los Abrojos, en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas.
Durante el encuentro, Macri manifestó que consideraba una “deuda pendiente” hacia la familia del letrado el reconocimiento al trabajo que realizó al frente de la Unidad Fiscal AMIA, para tratar de resolver las causas y los responsables del cruento atentado que se cobró la vida de 85 personas en 1994 y sigue impune.
Como fruto de su investigación, Nisman pidió la captura de ex funcionarios de Irán y acusó a la entonces presidenta Fernández de intentar encubrirlos.
El fiscal tenía previsto comparecer ante el Congreso argentino el 19 de enero de 2015 para dar detalles sobre la denuncia por encubrimiento, pero un día antes fue hallado sin vida por un disparo en la sien en el baño de su domicilio de Buenos Aires.
Tras un año de pesquisas y con un expediente de más de 9.000 páginas sobre la mesa, la Justicia no ha podido determinar si se trató de un suicidio, de un suicidio inducido o de un asesinato.
Esta última hipótesis es la que sostiene la familia de Nisman, querellante en la causa.
“Hace unos años hice un trabajo para el colegio vinculado al terrorismo en el que especialmente analicé su fin primordial: infundir el miedo en la gente. A lo largo de este año, sentí que el asesinato de mi papá tuvo este mismo mensaje”, escribió Iara en el diario Clarín.
Días antes, tanto la madre del fiscal, Sara Garfunkel, como su hermana, Sandra Nisman, se mostraron convencidas de que fue asesinado o “lo ayudaron a matarse”.
Como argumentos esgrimen, entre otros, la ausencia de pólvora en sus manos y de huellas dactilares en la pistola que lo mató, que pertenecía al técnico informático Diego Lagomarsino, quien mantiene que se la prestó al fiscal un día antes.
Sin embargo, los peritos oficiales opinan que no son pruebas concluyentes y descartan la presencia de una segunda persona en el baño donde fue hallado muerto el procurador.
Con el fin de favorecer la investigación, Macri decretó desclasificar toda la información relativa a Nisman desde septiembre de 2012 hasta la fecha.
Además, levantó la obligación de guardar secreto a todos los agentes y ex agentes de los servicios de inteligencia que tengan acceso a información clasificada y hayan sido convocados a brindar testimonio en la causa por la muerte del fiscal.
Uno de los testigos clave es el exjefe de Operaciones de la Secretaria de Inteligencia Antonio “Jaime” Stiuso, quien se encuentra prófugo desde el pasado febrero y tiene una orden de captura internacional de Interpol.
Según reveló el diario La Nación, Stiuso, uno de los más estrechos colaboradores de Nisman en la investigación del atentado contra la AMIA, estudia regresar al país para declarar en la causa.
El abogado de Stiuso, Santiago Blanco Bermúdez, comunicó a la jueza Fabiana Palmaghini que su cliente está en el exterior desde febrero porque teme por su seguridad.
Sin embargo, tras la asunción de Macri como presidente argentino, “está considerando volver”, transmitió el abogado a la jueza, de acuerdo al rotativo.
Tanto el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) como los servicios de inteligencia quedaron en el ojo del huracán tras la muerte de Nisman, que desató un terremoto político y provocó la movilización de miles de personas para exigir respuestas a la Justicia.
La desclasificación de información podría reabrir la causa contra la ex presidenta, que fue archivada el pasado mayo.
Este lunes, en el aniversario de su muerte, la comunidad judía convoca a recordar al fiscal y a pedir a la Justicia que se conozca la verdad.
