EFE
El 20 de enero, el día en que se inaugurará su mandato como presidente de los Estados Unidos, Trump llegará a la Casa Blanca, su nueva morada, desde el Capitolio tras pasar frente al flamante Hotel Trump de la Avenida Pensilvania, en el centro de Washington.
Ese edificio está bajo régimen de alquiler a sesenta años con una agencia gubernamental, la misma que una vez en el poder Trump supervisará y controlará, desde los nombramientos internos hasta normativas bajo potestad del Ejecutivo.
Ese es solo un ejemplo de los muchos conflictos de intereses que pueden surgir para un presidente que nunca ejerció en cargo electo alguno y que, pese a todo, no está sujeto a las mismas consideraciones legales que sus subalternos, quienes por ley no pueden participar en funciones o decisiones de gobierno que afecten a negocios particulares o familiares.
Según el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, que está siendo considerado para el puesto de fiscal general, la ley no obliga a Trump a poner todos sus negocios en un llamado “fideicomiso ciego”, como han hecho otros mandatarios para evitar que choquen su patrimonio y la función pública.
Este tipo de fondos gestionan los negocios o capital de una persona sin que el interesado tenga ningún intercambio o influencia en los gestores.
Trump, por el momento, no habló de ningún “fideicomiso ciego” y se limitado a decir durante la campaña que cedería todos sus negocios a sus hijos, los cuales, no obstante, ahora son parte del equipo de transición a la Casa Blanca, algo que contradice su mensaje de independencia.
Su hija Ivanka Trump y sus hijos Donald Jr. y Eric estuvieron presentes en reuniones para diseñar la nueva Administración, pese a que manejan empresas con inversiones en todo el mundo e intereses que se solapan con decisiones del Gobierno federal o la Justicia.
Según indicó el profesor de la facultad de Derecho de la Universidad de Columbia Richard Briffault en un comentario en la web Politifact, Trump está exento de leyes de defensa de conflictos de intereses para evitar que ejercite la recusación en alguna decisión de Gobierno, algo que podría ser considerado inconstitucional.
Pese a que el magnate está protegido por la ley ante posibles conflictos de intereses a un nivel que no lo estarían los miembros de su gabinete, escándalos sobre decisiones que afecten a sus negocios podrían perjudicar a su presidencia y, eventualmente, llevar al Congreso a realizar un “impeachment” o juicio político, que acabaría con su mandato antes de tiempo.
Trump sigue siendo, hasta la fecha, el presidente ejecutivo de The Trump Organization, un conglomerado que gestiona miles de millones de dólares en más de una docena de hoteles y campos de golf o edificios en zonas de gran valor inmobiliario, como la Torre Trump, en pleno centro de Manhattan en Nueva York, donde reside el millonario.
“Se debe confiar en la integridad del presidente”, señaló el pasado domingo Giuliani en una entrevista con la cadena CNN. “Si se quisiera enriquecer, no se había presentado a la Presidencia”, agregó el exregidor.
Trump no negó los rumores de que sus hijos estén intentando obtener autorización legal para acceder a información clasificada y sensible durante el mandato de su padre en la Casa Blanca, algo que agravaría los problemas de conflicto de intereses en la familia.
El presidente sí estará obligado a presentar declaraciones de activos anualmente desde su llegada al poder.
El multimillonario, que hizo campaña con la promesa de acabar con la corrupción que -según él- plaga los centros de poder en Washington, llegará a la Casa Blanca como uno de los mandatarios más ricos que jamás haya ocupado el puesto.
También como uno de los menos experimentados en los complicados equilibrios del poder político.
