“Yo no encuentro cuál es el sentido de conocer con quienes se comunicaron estas personas”, dijo la fiscala Raquel Fernández –que investiga el crimen de Rodrigo Quintana– a los medios de comunicación, ante la consulta de porqué no solicitó los extractos de llamadas antes de que estos fueran destruidos por los servidores de las compañías telefónicas.
Su argumento principal es que, si bien se conocerá con quiénes se comunicaron, no se sabrá qué se dijeron. Esto porque los abogados querellantes Guillermo Duarte y Santiago Lovera, tras los cruces de llamadas hechas con los que se comunicaron con el comandante policial entre la noche del 31 de marzo y el 1 de abril pasados, apareció gente vinculada al Gobierno.
Con ello, la querella pidió informes de otros 21 números telefónicos que aparecen en los cruces, de modo a finalmente llegar a las personas que dieron las órdenes para el ataque a la sede el partido opositor.
EXTRACTOS. Pese a lo que diga la fiscala, los casos más sonados como los de la muerte del vicepresidente Luis María Argaña, el secuestro y muerte de Cecilia Cubas, a más del crimen del periodista Pablo Medina, a lo que se suma ahora el homicidio por placer, los informes de extractos de llamadas tuvieron un papel crucial para ser resueltos.
En el magnicidio de Argaña, ocurrido el 23 de marzo de 1999, los investigadores usaron los extractos de llamadas para determinar entre quiénes se comunicaron los principales sospechosos, con lo que llegaron a otras personas que luego fueron procesadas. Es más, en el largo juicio realizado, luego llegaron a altas condenas.
Pero es en el secuestro y muerte de Cecilia Cubas, donde la evidencia del extracto de llamadas fue más evidente. El entonces policía José Domingo Hidalgo tuvo una comunicación de 35 segundos con los coprocesados, y eso fue usado como base para acusarlo de ser partícipe del hecho. En el juicio oral, le condenaron a 24 años y 9 meses de prisión por esa llamada.
En esta causa, jamás se supo qué se dijeron, pero los fiscales y el Tribunal de Sentencia encontraron suficiente argumento para una de las más altas condenas de la causa. El ex agente ahora pide las salidas transitorias a la jueza de Ejecución, Ana María Llanes.
En el caso del comunicador Pablo Medina, muerto el 16 de octubre del 2014 en Canindeyú, los extractos de llamadas también sirvieron para acusar a los supuestos autores morales, además de realizarse los cruces de llamadas.
Por si fuera poco, en el tan publicitado crimen por placer, la Policía llegó a los supuestos autores del homicidio por los extractos de llamadas, donde aparecía un número que no era conocido por los familiares. Ahora, los procesados, Isaías Raúl Torres y su cómplice Gissella Millea tienen las penas más altas de la legislación penal.