La disidencia colorada decidió llevar adelante una acción de inconstitucionalidad contra el mandato político de la convención de la ANR que obliga a los legisladores a aprobar proyectos del Poder Ejecutivo, la designación de un contralor de acuerdo con los intereses del oficialismo, entre otros puntos.
El senador y líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, señaló ayer que la resolución de la convención “es ridícula y anticonstitucional”.
“Entonces tenemos que llevarle al presidente Horacio Cartes al Tribunal de Conducta porque nos pidió que votemos por Blas Llano en el Senado, por haber apoyado la candidatura de Ramón Gómez Verlangieri, o por acompañar la candidatura de un sector que satanizan, que es la izquierda. Fácilmente se les derrumba el discurso”, expresó Marito.
Indicó que la Constitución Nacional habla claramente de que no hay mandatos imperativos para los congresistas y apeló a la “racionalidad de la conducción partidaria”.
También mencionó que los cartistas “cambian de acuerdo al viento” y mencionó cuando se votó en la Cámara Baja por archivar el proyecto de enmienda. “Los diputados más fanáticos de la Constitución Nacional eran los cartistas”, dijo.
Matías Fernández, apoderado del movimiento, comentó que ayer se estaba finalizando el borrador del documento que será presentado hoy o el lunes en la Corte Suprema de Justicia.
Señaló que el fundamento de la acción que se presentará parte de lo que dice el espíritu de la Carta Magna. “Los parlamentarios no son de los partidos políticos, representan al pueblo. Por eso se habla de la independencia de los poderes del Estado”, explicó Fernández.
El abogado señaló que incluso se estaría ante un hecho punible porque considera que se trata de un atentado a los órganos constitucionalmente establecidos.
“Los parlamentarios no pueden recibir mandato imperativo ni aunque sea de conveniencia para los partidos. Es inconstitucional, y de cumplimiento no solamente imposible, es lícito dar valor a esas disposiciones del partido”, aseveró.
Fernández sostuvo que el mandato “es nulo de nulidad absoluta por una disposición constitucional”.
Señaló que cuando se emitió la resolución en la convención “se habló de reelección y se cargó cualquier proyecto del Ejecutivo también en el documento”.
Agregó que el documento “hace que los principios democráticos del libre pensamiento y de la discusión de derechos humanos sean violentados por el Partido Colorado cuando quiere construir una sola línea de pensamiento”.