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Editorial
viernes 11 de noviembre de 2016, 02:00

López Moreira no puede ser juez y parte en el negocio del petróleo

Última Hora viene publicando una investigación de un caso que, a primera vista, se trata de un hecho de falta de ética, pero además entraña conflicto de intereses. Los intereses que, en este caso, se entrecruzan son los de una empresa privada –propiedad del jefe de Gabinete Civil de la Presidencia– y los del Estado paraguayo. Juan Carlos López Moreira fue designado por Cartes para ejecutar planes en el sector de hidrocarburos. Al mismo tiempo, tiene acciones en una empresa que busca petróleo. Es inadmisible que esta situación se mantenga. López Moreira no puede seguir siendo juez y parte en el negocio del petróleo.

El jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira, es la persona de mayor confianza y cercanía del presidente de la República, Horacio Cartes. Pero además de eso, el funcionario es uno de los propietarios de una pequeña compañía paraguaya, LCH SA, que hasta hace un par de años tenía un 5% de los derechos sobre un bloque de exploración petrolífera en el Chaco.

Actualmente, y después de haber vendido las acciones de la pequeña firma a la multinacional con sede en Londres, President Energy, el propietario de LCH SA, López Moreira, continúa en posesión de un porcentaje de acciones.

Los accionistas de LCH son ahora accionistas de President Energy y todo beneficio que recibiera la empresa también les beneficiaría a ellos, así como cualquier sanción les perjudicaría.

La firma multinacional cuenta actualmente con permiso para exploración de petróleo en cuatro bloques, todos en el Chaco. Con esto, es la empresa con mayores beneficios del sector, acumulando la mitad de las concesiones vigentes.

El empresario López Moreira tiene derecho a hacer negocios, y buscar sus propios intereses, pues vivimos en una sociedad de libre mercado. Pero su rol de funcionario de Gobierno es incompatible con el de empresario. Es un problema ético y ahí hay conflicto de intereses.

El 11 de octubre de 2016, a través del Decreto 6092, el presidente de la República nombró a Juan Carlos López Moreira como coordinador de la Política Energética del Paraguay.

Para formularlo más directamente: el accionista de la principal concesionaria para la exploración petrolífera del país coordina al mismo tiempo la ejecución de los planes energéticos del Estado, planes que tienen como uno de sus objetivos específicos propiciar la participación de empresas en la exploración y desarrollo de hidrocarburos. Y, como si esto no fuera en sí más que suficiente, el presidente Cartes dispuso que en la cadena de mando de la Política Energética López Moreira esté por encima de nada menos que del viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano. En este hecho se encuentra la falta de ética y el más que evidente conflicto de intereses.

El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia no puede seguir siendo juez y parte en el tema de la política energética del Paraguay. Y no se puede aguardar a que el funcionario tome una decisión privilegiada para su empresa, para sostener que hay incompatibilidad en ambas funciones.

Los roles son incompatibles: No se puede ser coordinador de la Política Energética de un país y al mismo tiempo accionista de una empresa que busca petróleo, porque la transparencia en el manejo del Estado no es negociable.