Como pocas veces en la historia reciente del Paraguay, el ambiente político ha llegado a un elevado nivel de deterioro, que afecta directamente a la convivencia en un sistema democrático y a la necesaria participación en cuestiones esenciales para impulsar el desarrollo social y económico.
Desde que sectores del oficialismo colorado empezaron a operar abiertamente para tratar de forzar la enmienda de la Constitución Nacional, buscando introducir la figura de la reelección presidencial –actualmente prohibida–, para que el actual presidente de la República, Horacio Cartes, pueda competir de nuevo por el cargo en las elecciones generales del 2018, se desató una cruzada obsesiva y maquiavélica por mantenerse en el poder, de la que también participan grupos liberales y de la izquierda, afines al ex presidente Fernando Lugo, a quien también buscan habilitar para pugnar por su reelección.
Lamentablemente, el intento por modificar la Constitución no se realizó en el momento más apropiado. Si el propio presidente Horacio Cartes, al inicio de su mandato, en 2013, cuando aún contaba con mayoría de diputados y senadores en el Congreso, hubiera convocado a una Asamblea Nacional Constituyente, podía haber logrado sin mayores problemas introducir la figura de la reelección y otras igualmente necesarias, como el balotaje o segunda vuelta, por la vía de reforma, quedando además en la historia como el gestor de un importante avance jurídico para el país.
Pero Cartes no solamente evitó hacer la convocatoria, sino en reiteradas oportunidades aseguró que no le interesaba la reelección, “porque la Constitución lo prohíbe”. Recién a mediados de 2016 cambió de parecer y abrió la caja de pandora para una guerra política sucia como pocas veces se ha visto, con un alto nivel de canibalismo partidario, con campañas de firmas amañadas, con acusaciones y contraacusaciones de conspiraciones y supuestos planes de magnicidio, en muchos casos con argumentos tan rebuscados que solo provocan las burlas y el hartazgo de la ciudadanía.
El enrarecido ambiente que se ha ido instalando, en donde parece que “todo vale” por retener o conquistar el poder, afecta al siempre vulnerable sistema democrático y jurídico en el Paraguay. En esta guerra mediática de todos contra todos tienen igual responsabilidad los dirigentes del oficialismo colorado como los propios dirigentes del grupo opositor que disputa las chances de competir electoralmente en el 2018.
A todos los líderes corresponde parar la pelota y poner el esfuerzo por desactivar esta guerra política, contribuyendo a recuperar la serenidad y la marcha institucional del país, pero la principal responsabilidad recae sin dudas en el actual Poder Ejecutivo.