EFE
Las víctimas, que no fueron identificadas, eran 14 bolivianos y un argentino -además del menor- y estaban “forzadas a trabajar en talleres textiles clandestinos”, informó el Ministerio de Seguridad en un comunicado.
La liberación se produjo a raíz de una serie de inspecciones de inmuebles, autorizadas previamente por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correcional n.° 1 de Lomas de Zamora, de los que se sospechaba que acogían actividades ilícitas a raíz de una investigación previa.
El cuerpo encargado de realizar las inspecciones fue la División Trata de Personas de la PFA junto con la Dirección Nacional de Migraciones, personal a cargo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Trabajo y la Administración Federal de Ingresos Publicos (AFIP).
Asimismo, dicho procedimiento fue monitoreado por el Ministerio de Seguridad de la Nación a través de la Dirección Nacional de Investigaciones, explicaba el comunicado.
Una vez en el lugar, se comprobó que en la propiedad funcionaba un almacén y que en la planta baja de la residencia se desarrollaban las actividades, distribuidas en 3 sectores.
La policía detuvo al dueño del local y, asimismo, verificó la existencia de otros dos encargados de coordinar el trabajo.
Las autoridades también hallaron una gran cantidad de prendas de vestir, algunas terminadas y otras en proceso de confección, junto con 18 máquinas de costura y distintos elementos utilizados para la fabricación de los artículos.
El juzgado interventor dispuso la clausura judicial del taller.
