La normativa promulgada por Michelle Bachelet eleva la colusión a la categoría de delito penal y establece que quienes incurran en esas prácticas serán sancionados con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, que va de 5 años y un día a 10 años tras las rejas.
De forma adicional establece para los responsables la inhabilitación absoluta para desempeñar cargos u oficios públicos por un lapso de cinco años, cargos de director o gerente en empresas públicas o sociedades anónimas, en asociaciones gremiales, empresariales o de consumidores, partidos políticos o colegios profesionales
También fija la obligación del Fiscal Nacional Económico de presentar una querella en los casos que afecten gravemente la libre competencia en los mercados.
“Chile no acepta corrupción ni abusos. Con esta ley damos un paso contundente”, afirmó Bachelet.
“Estamos dotando a Chile de una legislación en libre competencia de avanzada, conforme a estándares de las grandes economías”, subrayó.
En los últimos años han estallado en Chile grandes casos de colusión entre empresas para repartirse y dominar diversos mercados, entre ellos uno que involucró a las tres principales cadenas de farmacias, otro entre las principales productoras de pollos faenados y el más reciente entre los fabricantes de papel higiénico y diferentes productos tisú.
Hace un par de semanas se descubrió además una colusión entre los laboratorios que fabrican ampollas para inyecciones, vacunas y otros medicamentos, cuyo principal comprador es el Estado.
Los casos han terminado con leves multas para las empresas, cuyos dueños y ejecutivos no han llegado a pisar una prisión.
En adelante, se aplicará a las empresas que violen la nueva legislación una multa de hasta el doble del beneficio económico reportado por la colusión o de hasta el 30 % de las ventas correspondientes a la línea de productos y/o servicios efe
