La transición democrática apenas estaba dando sus primeros pasos tras el derrocamiento de la dictadura stronista, cuando sicarios fronterizos asesinaron con 21 balazos al director de Radio Mburucuyá, Santiago Leguizamón, en Pedro Juan Caballero, en el Día del Periodista Paraguayo, el 26 de abril de 1991.
Fue el primer gran acto criminal en que el narcotráfico demostró su verdadero y siniestro poder en las sombras. Fue también la primera oportunidad para que las estructuras del naciente Estado democrático pudieran enfrentarlo, investigando el asesinato y llevando ante la Justicia a los mandantes y ejecutores.
Pero no fue así. La Justicia no solo no investigó y no descubrió a los autores, sino que, por el contrario, los encubrió. El asesinato de Leguizamón quedó impune y desde entonces se fueron sumando otros 16 casos de periodistas asesinados, en su mayoría sin aclarar.
Algo similar sucedió con muchos jóvenes adolescentes arreados para cumplir el Servicio Militar Obligatorio. Un informe del Servicio Paz y Justicia (Serpaj Py) revela que 147 niños soldados y conscriptos murieron en oscuras circunstancias en los cuarteles, entre 1989 y 2012. La Justicia nunca aclaró esas muertes.
Hay otra lista igualmente terrible. Es la que consigna rigurosamente el asesinato de 115 dirigentes campesinos, ocurridos en el marco de la lucha por la tierra, entre 1989 y 2013. Los detalles están consignados en el voluminoso expediente de la investigación llevada a cabo por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), con el nombre de Informe Chokokue. La Justicia nunca aclaró esas muertes.
Existe otra lista aún más densa, que ni siquiera fue tenida en cuenta. Es la de las 54 personas trans (travestis, transgéneros y transexuales) asesinadas entre 1989 y 2015, según una detallada investigación realizada por la organización Panambi. En estos casos, no solo la Justicia nunca aclaró esas muertes. En muchos de ellos, la Policía ni siquiera se tomó el trabajo de registrar las denuncias.
Territorio de la impunidad, país del oparei. El Paraguay se ha ido volviendo célebre como ese lugar donde los crímenes nunca se pagan, o donde se pagan solo a medias, como con los 400 muertos durante el incendio del Supermercado Ycuá Bolaños, o los 8 jóvenes mártires acribillados por francotiradores en el Marzo Paraguayo. O la más terrible ironía: que las víctimas acaben siendo acusadas, o que sus familiares sean condenados a pagar los elevados costos de juicios que dejan en libertad a los verdaderos culpables.
Es larga, muy larga, la lista de las deudas pendientes de la (in)Justicia. Y todo parece indicar –salvo que en una de esas ocurra un milagro jurídico– que esa lista todavía seguirá creciendo, igual que el río escarlata que riega desde hace tiempo esta enajenada tierra.
En los próximos días, un cuestionado Tribunal dictará sentencia en uno de los casos judiciales más polémicos y politizados: el llamado caso Curuguaty, o Marina Cué.
¿Será justicia?
