A estas alturas ya no se puede dudar de lo que era el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) durante la presidencia del ahora ex senador colorado Óscar González Daher y la complicidad y sospechosa omisión de los demás miembros (dos diputados, dos senadores, dos miembros de la Corte Suprema y dos miembros del Consejo de la Magistratura).
El JEM no era una institución, sino un gigantesco almacén, donde se traficaban influencias, se ejercían presiones, se vendían sentencias, se negociaban cargos en el Estado, se traicionaba a los clientes. La lista es interminable y los delitos van apareciendo según revelan los nuevos audios.
Para tener una idea de lo que sucedía en el paraíso de González Daher, van algunos ejemplos. No solo llenó de planilleros la institución (fueron cesados 60), sino además les descontaba el salario, un operativo que le dejaba millonarias sumas mensuales. Se estima que más de G. 170 millones se pagan por bonificaciones que iban directo a la corona, además del rubro de horas extras que en solo cinco meses se pagaron G. 1.500 millones. O sea, era generoso con el dinero público, pero a medias. Les robaba la mitad o más de sus salarios. Y como eran operadores políticos, aceptaban las reglas del juego.
Lo más grave es el cajoneo de expedientes. El senador Eduardo Petta, nuevo miembro del JEM, reveló que hay 729 denuncias pendientes de estudio, y que la más antigua data del 2011, es decir, está durmiendo desde hace seis años. La ley establece un plazo de seis meses para expedirse. Por ello la crítica del senador contra los dos miembros de la Corte Suprema, Raúl Torres Kirmser y Gladys Bareiro de Módica, es atendible. ¿Cómo es posible que no se percataran de que las suspensiones no se notificaban a la Corte, la única habilitada constitucionalmente para suspender a los magistrados?
Una auditoría reveló que dos jueces y una fiscala fueron suspendidos, pero al no notificarse a la Corte, seguían ejerciendo sus funciones de lo más campantes. ¿Qué habrán dado a cambio a González Daher?
Y así sigue la interminable lista de calamidades.
¿Qué hacer hoy?
El Jurado sigue teniendo los mismos miembros que cuando mandaban y comandaban González Daher y su secretario Fernández Lippmann; por tanto, no existen las garantías totales de que cambie drásticamente el rumbo. Hay un intento por transparentar la gestión, destrabar denuncias, reglamentar el funcionamiento institucional. Aunque parezca increíble, el JEM funcionaba sin un mínimo esquema. Todo giraba en torno al presidente de turno.
¿Qué hacer en el futuro?
En la Constituyente de 1992 se creó este organismo con el real objetivo de mejorar el sistema judicial y con base en recomendación de juristas internacionales se decidió su modo de integración. El ex constituyente Evelio Fernández Arévalos reveló en una entrevista a Última Hora que desecharon la idea que los propios jueces juzguen a sus pares. “Un sabio italiano nos rogó que no les copiáramos ese modelo, porque no servía. Creaba contubernios y primaba aquello de ‘entre bueyes no hay cornada’. Establecimos una especie de máxima que decía, en ningún caso, nadie será juzgado por sus pares, sino por sus nones, y parecía que iba a funcionar bien, pero el factor humano lo privó", comentó.
No hay fórmulas perfectas, porque el problema no son las instituciones, sino los hombres que con su accionar crean institucionalidad. Una de las graves deficiencias de la clase dirigente de este país es que no ha pactado sobre líneas maestras, como lo han conseguido los españoles, chilenos, al decir de Fernández Arévalos.
El escándalo de los audios hoy tiene en el banquillo de los acusados al propio fiscal general, Javier Díaz Verón, investigado por enriquecimiento ilícito, y a otras cuatro personas. El poderoso secretario Fernández Lippmann tiene la carga más pesada con imputaciones por tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Su ex jefe González Daher y Jorge Oviedo Matto están bajo investigación por asociación criminal, cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias. Están en la lista negra los abogados Carmelo Caballero y Rubén Silva, por asociación criminal, soborno agravado y tráfico de influencias. Se suma el diputado liberal, Carlos Portillo, por los delitos de tráfico de influencia, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal.
Hay un consenso actualmente sobre la necesidad de una Convención Constituyente y sin duda el JEM es uno de los organismos a ser reformados. Pero la urgencia de una cirugía mayor en el organismo no puede esperar un minuto más. La putrefacción institucional debe ser extirpada con un proceso de saneamiento aún con las perversas reglas de juego actuales y con los mismos miembros que lo permitieron todo y que no tuvieron la dignidad de dar el paso al costado. El nuevo miembro, el senador Petta, es por ahora la única garantía, quien con su incómoda presencia y aguijoneo permanente, seguirá revelando irregularidades.
No se puede esperar la Constituyente.
La refundación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debe iniciarse hoy.
