Los quince miembros del Consejo de Seguridad aprobaron una resolución que extiende por un año, hasta enero de 2018, las disposiciones existentes.
Al mismo tiempo, el texto denuncia la falta de aplicación efectiva de algunas de sus decisiones en este ámbito y de los obstáculos que sigue encontrando el suministro de ayuda humanitaria.
En ese sentido, el Consejo de Seguridad expresa su preocupación por las trabas puestas por grupos terroristas como el Estado Islámico (EI), pero también los impedimentos que ponen las autoridades sirias.
Según la resolución, actualmente más de 13,5 millones de personas en Siria necesitan asistencia urgente, en particular de tipo médico.
De ellos, 6,3 millones son desplazados internos, 3,9 millones viven en zonas de difícil acceso y cientos de miles están atrapados en áreas asediadas.
El texto fue impulsado por Egipto, España y Nueva Zelanda, los tres países que han gestionado durante los últimos años el dossier humanitario en Siria dentro del Consejo de Seguridad.
Esa situación cambiará a partir del 1 de enero, pues España y Nueva Zelanda terminan a final de año su mandato como miembros no permanentes del Consejo.
