El proyectista de la normativa, el diputado Édgar Acosta, explicó que la ley se encuentra en su cuarta etapa de estudio, por lo que debe ser tratada sí o sí en estos días o puede quedar con sanción ficta. “No pueden los colegios públicos priorizar el lucro por sobre el derecho a formarse que tienen los estudiantes en el país”, expresó el legislador. Indicó igualmente que tampoco pueden desconocerse las deudas de las familias con las instituciones educativas. Pero que son los padres o encargados quienes deben sufrir consecuencias y no el chico, remarcó.
Suspensiones. Apenas se iniciaron los exámenes finales este noviembre ya saltaron casos de centros educativos de gestión privada o subvencionada que privan del examen a los escolares.
Constan cuatro denuncias sobre esta situación en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), donde sostienen que el promedio es de más de 15 casos anuales.
En contrapartida, desde la Asociación de Instituciones Educativas Católicas (Asiec), sostienen que este año las deudas de familias se incrementaron con respecto a años anteriores.
Hasta un 60% de familias de colegios están en mora y algunos padres solo pagaron la matrícula, explicó el vicepresidente del gremio, el director Éver Cardozo.
En principio, según el proyecto de ley, los colegios que restrinjan el acceso a pruebas finales o parciales, o que retengan documentos como libretas, tendrían una multa de 50 jornales como mínimo (G. 3.500.000).
