El debate sobre la Justicia en el país y los cambios que necesita el sistema judicial y penitenciario escapa a muchos discursos políticos en esta campaña. Algunos de ellos más virulentos que otros en sus alocuciones, la reforma judicial es un tema aburrido y complejo, pero quizás una de las cuestiones más apremiantes para salvaguardar la institucionalidad en el país.
En el Partido Colorado, el cartismo difícilmente quiera cambiar realmente algo en el Palacio de Astrea. Ahora mismo el oficialismo impone su voz en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Además, cuenta con un aliado en el Ministerio Público, liderado por el hermano del precandidato a gobernador de Honor Colorado. La Corte Suprema hasta ahora tampoco supuso un problema para el presidente Cartes, a pesar de su fallido intento de remover a tres ministros.
La manera en que el cartismo cooptó el Consejo, el Jurado y la Fiscalía reveló como nunca antes la fragilidad de la estructura y la ausencia total de independencia. ¿Cómo esperar que un fiscal investigue al Poder Ejecutivo si el mismo Gobierno es quien elige, investiga y sanciona a los fiscales y jueces? Pocas veces habrá sido tan clara la necesidad de una reforma. Este año el presidente pidió la detención de un joven dirigente liberal y días después Stiben Patrón fue arrestado por un Ministerio Público obediente. Este año también el Consejo de la Magistratura confeccionó una terna a cargo del fiscal general a medida del Ejecutivo.
Del otro lado vemos ministros de la Corte Suprema liberales cuyos familiares son activos militantes del PLRA que ahora buscan cargos electivos. Carlos Mateo, quien aboga por una Convención Nacional Constituyente, denunció que Bajac y Blanco están participando “descaradamente” en las internas del partido. La autonomía de la máxima instancia judicial nunca pasó más allá del discurso.
Hace unos días se filtró a la prensa un audio de una conversación de una fiscala enjuiciada por el Jurado con el secretario del órgano. El material reveló turbias negociaciones, aprietes y tráfico de influencias entre los miembros del órgano y la representante del Ministerio Público. Lo triste es que esta conversación no sorprendió a nadie y que bien pudo haber ocurrido hace diez años, o quince: fue solo una de las tantas negociaciones que ocurren día a día en el Jurado.
Los niveles de cinismo e indecencia siguen superándose. El país difícilmente llegará a ser una democracia plena hasta tanto la impunidad deje de ser una moneda de cambio entre enjuiciados y enjuiciadores.