El informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) rescata de un injusto olvido la fantástica historia de Alfonso Noria, gobernador de Canindeyú. Allí se insta al Ministerio Público a investigar urgentemente a quien –según los parlamentarios– montó una exitosa asociación criminal para el enriquecimiento ilícito.
El jefe departamental vive en una mansión principesca, asentada en unas cinco hectáreas situadas en las afueras de Curuguaty y a la cual se llega por una doble avenida recientemente empedrada. La casa está valuada en unos tres millones de dólares. Los pocos compueblanos de Noria dispuestos a hablar aseguran que tiene otras propiedades y negocios, además de una estancia de alrededor de 10.000 hectáreas en el Chaco.
Todo eso no tendría nada de malo si no fuera por el dato de que pocos años atrás, antes de dedicarse a la política, el joven Noria vivía en una modesta casa ubicada al costado de la Municipalidad y trabajaba como profesor de educación física en el colegio Fortuna de Curuguaty. Luego fue intendente y más tarde gobernador, en una región que es pródiga en ejemplos de políticos convertidos súbitamente en potentados económicos.
Su ascenso partidario vino de la mano de la diputada de la ANR Cristina Villalba, señalada luego del asesinato del periodista Pablo Medina como la “madrina” de una extensa red de políticos con relaciones muy cercanas a los narcotraficantes de la región. Canindeyú es uno de los departamentos del país donde más florece una actividad agrícola específica. La Senad calcula que allí se alcanza una producción anual de seis mil hectáreas de marihuana, con un promedio de rendimiento de 3.000 kilos por hectárea. Es decir, hablamos de unos 18 millones de kilos por año, lo que equivale a más de 400 millones de dólares.
El gobernador Noria tiene el physique du rôle ideal para alguien que debería ser investigado por enriquecimiento ilícito. Es posible que pueda demostrar el origen de sus bienes pero, mientras, lo rodea una invencible aura de sospecha. Sin embargo, nadie lo ha molestado. El informe de la CBI también lo explica. Dicen los parlamentarios que hay una gran complicidad del sistema judicial, que hay jueces que liberan a los narcotraficantes y otros delincuentes, que la Seprelad no se atreve a meterse, que la Policía protege y participa en los negocios ilícitos y que hay una gran inoperancia y debilidad de los organismos de investigación.
Me dirá usted que todo esto ya lo sabíamos. De acuerdo, ¿pero eso basta para que las cosas sigan como están? ¿Es posible que el Ministerio Público siga mirando para otro lado sin tener que dar explicaciones? Es sencillamente impresentable que con toda esta información no sean capaces de tomar la iniciativa. Si quieren seguir hablando de transparencia, entonces, quizás sea la hora de Noria.
