Los fiscales Yolanda Portillo y Nadine Portillo pidieron el sobreseimiento definitivo para el vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Alberto Ramírez Zambonini, como así también para el ex director de Recursos Humanos, Christian Raúl Bogado Caballero.
Ambos habían sido imputados en diciembre de 2015 por el esquema de planilleros dentro de la institución, caso que fue destapado por una investigación periodística de ÚH.
El escrito refiere que no existen elementos de convicción suficientes sobre la responsabilidad del ministro de extracción liberal por las personas que podrían haber estado ligados a él como subordinados; como el caso de Clara Haydée Silveira Arza, más conocida como la asesora viajera de la Justicia Electoral, su hermana Gloria María de la Paz Silveira Arza, la madre de ambas, Ana Catalina Arza Báez, así como también la escribana Zully Ferreira Cañete, sobre quienes existirían circunstancias personales que las relacionaban al procesado y que hubieran incidido en la supuesta comisión del hecho.
Incluso relata que se ha corroborado que Ramírez Zambonini tenía un relacionamiento de amistad con Manuel Radice, también político del PLRA, esposo de Clara, pero no fue suficiente para sostener que el magistrado consentía que la misma prestara servicios en forma regular.
En tanto, en lo que respecta a Bogado, expresa que el único elemento vinculante que se cuenta es la declaración de la escribana Zully Ferreira Cañete.
acusados. Asimismo, las representantes del Ministerio Público acusaron a ocho personas, entre ellas el amigo cercano de Ramírez, Manuel Radice, y su esposa, Clara Haydée. También fueron acusadas la hermana de Clara, Gloria, y su madre, Ana Catalina, al igual que la escribana Ferreira Cañete. Todos fueron acusados por cobro indebido de honorarios, debido a que no trabajaban en el TSJE.
En tanto, Víctor Manuel Báez Alfonso, jefe de despacho de Ramírez Zambonini; Modesto Núñez, superintendente y María Isabel Quintana Ríos, coordinadora, fueron acusados por los delitos de expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y cobro indebido de honorarios en calidad de cómplices.
Asimismo, solicitaron que todos afronten juicio oral y público.
