La fiscala Nadine Portillo sostuvo ayer que depende de la Fiscalía General para actuar de oficio en los casos de presiones que reciben los funcionarios públicos para firmar las planillas a favor de la reelección vía enmienda.
Agregó que normalmente se requiere de una denuncia, ya que existe la persona que extorsiona y el que recibe esa extorsión. No obstante, señaló que hasta el momento no recibió una sola denuncia con respecto al tema. Las misma sostuvo que si se le asigna el caso investigará, pero hasta ahora “no hay nada”.
Portillo se desempeña en la Unidad Anticorrupción, al igual que René Fernández, quien indicó que el procedimiento a llevar adelante se sabrá cuando llegue una denuncia concreta, y que antes no puede hablar de un caso hipotético.
En tanto, el fiscal Aldo Cantero había manifestado que si aumentan las denuncias por presión para firmar las planillas, el Ministerio Público podrá intervenir de oficio.
Sostuvo que hasta el momento no existe ninguna denuncia formal de algún funcionario que fue obligado a firmar, pero que si las denuncias siguen aumentando en los medios de comunicación, la Fiscalía puede intervenir e indagar lo que está sucediendo. Por su parte, el fiscal José Dos Santos precisó que el hecho punible no se tipifica en el rango de extorsión y que sería más bien una coacción, que es un delito penal ordinario.
Citó que la intervención se puede dar a través de una denuncia o bien de oficio. Puede investigar la Fiscalía, como cualquier hecho punible.
El fiscal general Javier Díaz Verón y el fiscal Roberto Dos Santos no atienden las llamadas.
Iniciativa. Por otra parte, la disidencia colorada indicó que presentará una demanda ante la Fiscalía, ya que el inciso p del artículo 57 de la ley menciona: “Son obligaciones del funcionario público, sin perjuicio de lo que se establezca en los reglamentos internos de los respectivos organismos o entidades del Estado, abstenerse de realizar actividades contrarias al orden público y al sistema democrático, consagrado por la Constitución Nacional”.
En ese sentido, los disidentes sostienen que los funcionarios podrían ser separados del cargo. A su vez, mencionaron que en todas las instituciones públicas los directores y ministros recurren a presionar a los funcionarios para conseguir la mayor cantidad de firmas. Según el presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana, se recolectaron más de 200.000 firmas desde la semana pasada.
