09 ago. 2025

La Fiscalía cierra filas alrededor de su funcionario que investigó a Zambonini

La Fiscalía General del Estado defendió la desestimación de la denuncia de sobrefacturación de alquileres en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), hecha por el agente anticorrupción Aldo Cantero, “porque no se realizó ningún pago y no existe perjuicio patrimonial”.

En Hollywood.  Monserrat  y Aldo posando en el paseo de las estrellas, hace unas semanas.

En Hollywood. Monserrat y Aldo posando en el paseo de las estrellas, hace unas semanas.

El fiscal general Javier Díaz Verón confirmó ayer que la auditoría realizada por el director de Control de Gestión Fiscal, Jorge Lebedich, ratificó el dictamen de Cantero, quien archivó la denuncia de supuesto negociado en la contratación de servicios de alquiler en el TSJE.

NO HAY LESIÓN. “No hay lesión”, explicó la máxima autoridad del Ministerio Público.

Díaz Verón había dispuesto la auditoría a la investigación de Cantero, después de que este diario descubriera que mientras el fiscal anticorrupción desestimaba la causa, su pareja estaba en proceso de contratación en la institución que él investigaba.

La carátula de la investigación es por “supuesta estafa y lesión de confianza”.

Apenas terminaba de archivar la denuncia, Monserrat Dávalos Torres, esposa de Cantero, fue nombrada en un alto cargo por la administración de la institución que el agente estaba investigando.

La citada denuncia, que trascendió en los medios de comunicación, fue por un contrato de alquiler de G. 4.800 millones en la Justicia Electoral, donde supuestamente se infló diez veces el precio real de los arrendamientos en algunas cabeceras departamentales. En total eran 208 locales, distribuidos en diferentes puntos del país.

Según confirmó la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), “efectivamente el proceso llegó hasta el final, es decir, se adjudicó a dos empresas y se firmó el contrató”. Pero al saltar la denuncia periodística se abortó la contratación.

Los compromisos de pago fueron asumidos en el contrato, pero al conocerse el caso los suspendieron.

NO HUBO INTENTO. Díaz Verón manifestó que el delito de estafa y lesión de confianza no tipifica el intento.

Es decir, la intención plasmada en el contrato se salva porque la carátula de la investigación no tipifica el intento del delito.

“En todo caso, el contrato es un problema entre el proveedor y el administrador. El Estado paraguayo no pagó”, aseveró Díaz Verón al ratificar la defensa de la desestimación que hizo Cantero.

Sobre la ética de Cantero, el fiscal general dijo que “está de viaje, cuando vuelva vamos a hablar con él”.

También indicó que hará una evaluación sobre la desvinculación del funcionario de la Unidad de Delitos Económicos.

Cantero, por su parte, había mencionado que nada tuvo que ver su desestimación con el cargo de su pareja en la Justicia Electoral. “Ella tiene sus contactos”, llegó a decir, y ante el escándalo que se generaba, negó que sigue en relación con Monserrat.

Sin embargo la funcionaria llamó al diario para ratificar que “sí somos pareja y tenemos un hijo”.