Un abogado que no quiso seguir el juego de la corrupción y acudió a las autoridades, permitió que el fiscal Martín Cabrera arme un operativo y sorprenda a Ubaldo Aquino González, juez del fuero Civil, Comercial y Laboral de Caaguazú, con unos 30.000 dólares, luego de haberlos recibido como pago de una supuesta coima a cambio de favorecer al profesional del derecho Marcial Ayala con un dictamen de regulación de honorarios.
Este nuevo caso de corrupción judicial se suma a varios similares que han sido denunciados en los últimos meses. En setiembre último, otra investigación periodística realizada por un equipo de Última Hora y Latele filmó con cámara oculta a Óscar Ramón Talavera, juez de sentencia de Misiones, en momentos en que negociaba una coima de 25.000 dólares para otorgar una pena reducida a un procesado por tráfico de marihuana. El magistrado fue finalmente imputado por el delito de cohecho pasivo agravado, junto a su presunta cómplice, la abogada María Magdalena Ramírez Jacquet, quien se encargó de retirar el dinero de la coima.
También el juez de San Lorenzo Juan Carlos Pane Cheli había sido condenado a un año de prisión, con suspensión de ejecución de la pena, luego de que en marzo de 2013 haya pedido 2 millones de guaraníes para realizar una constitución judicial en una casa donde un procesado debía resguardar prisión domiciliaria. En febrero de 2012, el juez Miguel Ángel Cárdenas, de Coronel Oviedo, fue igualmente imputado tras pedir, a través de un asistente fiscal, una coima de 10 millones de guaraníes para liberar a un procesado.
Todos estos casos y muchos otros más se han podido conocer debido a que las víctimas decidieron denunciar que estaban siendo tentadas a pagar coimas, pero no aceptaron prestarse al juego, incluso a riesgo de no ser favorecidas en las causas judiciales que estaban llevando adelante.
Sin embargo, son muchos más los que no denuncian y prefieren pagar las coimas, porque creen que es la única manera de que sus casos sean resueltos en la Justicia, y temen que, si llegan a hacer público el caso, puedan sufrir algún tipo de represalias.
Son estas y muchas otras las situaciones que se han vuelto habituales y que han convertido a la Justicia paraguaya en un inmenso mercado de compraventa, donde casi todo se mueve a base de dinero, en donde las personas más humildes y sin recursos son las más perjudicadas.
Es urgente y necesario erradicar la escandalosa corrupción que persiste en el Poder Judicial, pero es una tarea que debe involucrar a todos los sectores, especialmente al ciudadano común, que ya no debe aceptar prestarse al juego de la ilegalidad. Hay que denunciar cada intento de coima o soborno y exigir que los implicados sean debidamente castigados. Solo así se podrá ir transformando positivamente a uno de los más corruptos poderes del Estado en el Paraguay.