La entidad Autores Paraguayos Asociados (APA) fue notificada ayer sobre la sustanciación de una audiencia para presentar su descargo y las pruebas sobre las irregularidades detectadas por la fiscalización impulsada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (Dinapi).
“En la notificación se señala que se ha abierto el proceso y se establece como fecha de audiencia el miércoles 30 de marzo (a las 9.00) para la sustanciación de la audiencia en sede de la Dinapi”, explicó el juez sumariante, Leopoldo López, quien acompañó la notificación realizada por la ujier Patricia Báez.
Por su parte, Patricia Stanley, titular de Dinapi, comentó a medios de prensa que en el caso de que APA no explique las denuncias resultantes de la auditoría, podrían presentar una denuncia ante la Fiscalía.
En la referida audiencia, APA “tendrá la oportunidad de producir su descargo sobre la investigación que versa hoy”, agregó el juez López, añadiendo que la entidad tendrá todas las garantías procesales.
“En la audiencia estaremos analizando todas las pruebas y toda la documentación que vaya a producirse, y eventualmente se estará resolviendo conforme a derecho”, dijo López.
Casi mil páginas. La notificación fue acompañada de 964 páginas de documentación, resultado de la investigación realizada por la Dirección General de Observancia de la Dinapi, además de una auditoría realizada por la firma AYCA.
El director general de Observancia de Dinapi, Héctor Balmaceda, presentó su acusación la semana pasada y recomendó una sanción para APA. “Recomendé una sanción a la entidad, en base a una serie de irregularidades que encontré durante mi investigación”, señaló.
La recomendación se basa además en el informe de avance presentado por el abogado Ricardo Gavilán, director de Gestión Colectiva de Dinapi, quien se encargó de la fiscalización de la entidad, pero no pudo culminarla porque la directiva de APA le prohibió el acceso al local, en base a una asamblea calificada de ilegal por la institución de control.
Las denuncias versan principalmente en materia administrativa financiera y de gestión. “Hay datos informativos en los que se detectan irregularidades contables y de gestión, sobre todo la falta de aprobación de gastos en la asamblea y adjudicaciones millonarias de la directiva que superan el 40% de la recaudación, en detrimento de los autores”, explicó Balmaceda.
También se menciona la falta de claridad en la rendición de cuenta de los fiscalizadores, gastos que no tienen respaldo de documentación, y reducciones bruscas de pagos a autores.
La investigación fue ordenada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (Dinapi), a raíz de una serie de irregularidades en el manejo de la asociación, halladas tras una auditoría de la firma AYCA (Auditores y Consultores Asociados).
Recordemos que la directiva de APA recurrió ante el Tribunal de Cuentas para evitar la continuidad de la fiscalización; petición rechazada in límine (sin leer siquiera) por dicha instancia judicial.
Ante la negativa, los abogados representantes de APA presentaron una denuncia formal contra Patricia Stanley por “intromisión en los asuntos internos, extralimitación en sus funciones, entre otras irregularidades”, ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).