Luego de casi un mes y medio de tensa expectativa, la Contraloría General de la República se ratificó ayer en su recomendación de rescindir el contrato con el Consorcio Parxin ante un incumplimiento en la presentación en tiempo y forma de la póliza de seguro para implementar el estacionamiento tarifado en Asunción.
Así respondió el ente contralor al pedido de reconsideración hecho por la Comuna capitalina el pasado 8 de junio, basado en el dictamen 6.909/17 de su Dirección General de Asesoría Jurídica, firmado por Juan Carlos Ramírez Montalbetti, a la Nota 1.421/17 por la cual el subcontralor Camilo Benítez Aldana recomendaba dejar sin efecto la concesión ante la presentación extemporánea de la mencionada garantía de fiel cumplimiento.
En la Nota 2.219/17 señala que de anularse el servicio, la empresa adjudicada no tiene derecho a reclamar daños y perjuicios debido a que incumplió una obligación de carácter sustancial prevista en la cláusula 10 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Sostiene que este documento determina en forma expresa que ante este tipo de situaciones, la Municipalidad podrá dar por rescindido el contrato, sin responsabilidad alguna para la misma.
Reafirma que la institución comunal olvidó mencionar que el ineludible trámite debe darse en forma previa a la firma del contrato, como lo establece el artículo 217 de la Ley Orgánica Municipal y cita el artículo 12 del Decreto 1196/01, reglamentario de la Ley 1618/00, que en idéntico sentido impone ese requisito inexcusable, que según la Contraloría no se cumplió.
Aclara que la suscripción del contrato implicaba la firma de las partes y ese hecho ocurrió, de acuerdo a antecedentes arrimados, el 23 de junio del 2016, fecha sumamente distante a aquella en que efectivamente fue presentada la póliza.
Insiste en que si la intención hubiese sido otra, la exigencia hubiese estado prevista expresamente en ese pliego, determinándose que la póliza debía otorgarse luego de que sea notificada la homologación del contrato suscrito, lo que tampoco se previó.
RESPUESTA. El intendente Mario Ferreiro, al enterarse del nuevo dictamen de la Contraloría, indicó que dispuso la inmediata remisión del documento a la Junta Municipal para que los concejales tomen conocimiento del contenido, lo analicen y emitan una recomendación final a la Intendencia.
El jefe comunal sostuvo anteriormente que aguardaría esta respuesta para asumir postura definitiva sobre el sistema de estacionamiento tarifado en la ciudad, la que es resistida por diversos sectores, entre ellos el sindicato municipal Simuca, la Asucop, la asociación de cuidacoches, entre otros.
María Angélica Insaurralde, gerente de Parxin, anunció acciones judiciales si se rescindía el contrato.
