El cómputo está recogido en el Informe Chokokue (Campesino), que según sus autores demuestra la responsabilidad, en esas muertes, de los distintos gobiernos de la democracia que siguieron durante casi 25 años a la caída de Stroessner.
“Con respecto a cada uno de ellos estamos en condiciones de apuntar –con material probatorio–, niveles de responsabilidad individual e institucional del Estado”, dice el informe.
Su coordinador, Hugo Valiente, dijo a Efe que esa violencia está en concordancia con las condiciones socioagrarias de Paraguay, donde, aseguró, existe “una de las estructuras latifundistas más injustas del mundo, con el 80% de la tierra en manos de un 2% de propietarios”.
“Existe un plan sistemático de ejecuciones en el contexto de la lucha por la tierra en Paraguay. Estas responden a un plan para impedir que las organizaciones campesinas tengan una voz en demanda de la reforma agraria”, explicó.
Añadió que la mayoría de las víctimas pertenecían a la Federación Nacional Campesina y al Movimiento Campesino Paraguayo.
En base al primer informe Chokokue el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó en 2008 al Estado paraguayo por la muerte del dirigente campesino Hilario Blanco, fallecido en 2003 a causa de la represión ejercida por la policía durante una manifestación en el Departamento de San Pedro.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió una condena similar por las torturas que sometieron los cuerpos de seguridad del Estado a Ernesto Benítez, quien participó en la misma protesta que Blanco y fue posteriormente detenido y torturado.
