El documento fue presentado ayer en Diputados y hoy se entregará a la plenaria de la Cámara de Senadores.
“El crimen organizado no puede funcionar sin un fuerte apoyo del poder político al más alto nivel”, dice el informe.
Los senadores y diputados que integran el organismo recomendaron que el Congreso conforme una Comisión Bicameral Permanente de Investigación, con el presupuesto adecuado, con el personal especializado, con el asesoramiento requerido y con todas las condiciones y prerrogativas que le da la Constitución para investigar.
Al referirse a autoridades públicas implicadas, incluye a los tres poderes del Estado y a las autoridades municipales y departamentales.
Según el informe, dicha asociación tiene como objeto apañar las actividades ilícitas, principalmente en las zonas fronterizas, regiones consideradas en el informe como sitios de Estado fallido, donde el Estado es ejercido por el poder de estas organizaciones mafiosas que son de carácter internacional, dedicadas al narcotráfico, tráfico de armas, de cigarrillos, de rollos, cubiertas, agroquímicos, y vehículos.
Identificados. En lo que se refiere a la investigación de la muerte de Medina y Almada, la CBI considera que el caso está prácticamente cerrado, debido a que se ha identificado a los autores morales e intelectuales, así como a los cómplices. Habla de una etapa investigativa con un proceso de extradición de Wilmar Acosta, considerado como el autor moral de los asesinatos.
El informe incluye investigaciones de todo tipo de tráfico, entre ellos el de droga, armas, cigarrillos y rollos.
Menciona que el tráfico ilícito se realiza no solamente con organizaciones mafiosas, sino que supone también tener financistas y la protección de las autoridades políticas, llámense gobernadores, intendentes, concejales departamentales y municipales.
Recomendación. La CBI hace constancia de que existe una complicidad de los organismos que tienen que investigar, como el caso de la Policía Nacional y la Senad, entidades de las que menciona están infiltradas por las organizaciones mafiosas, según las propias palabras del titular de la Senad, Luis Rojas.
Destaca que durante las entrevistas con autoridades de la zona de Canindeyú, estas no atinaron a dar algún dato sobre el narcotráfico y otras actividades ilegales. Eso se debería a que podría haber algún tipo de vinculación con el esquema delincuencial, o simplemente por miedo a las amenazas.
El titular de la CBI, senador Miguel López Perito, confirmó que tuvieron presiones varias durante el proceso investigativo, “para dejar de investigar e incluso para que ciertos temas no sean incluidos en el informe final”.
