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Opinión
jueves 11 de mayo de 2017, 02:00

Karacha’i y las miserias del Gobierno

Por Miguel H. López - En TW: @miguelhache
Por Miguel H. Lopez

La indignación selectiva, el cinismo crónico y la amnesia fingida son materia cotidiana en estos días en la sociedad y en particular entre los políticos de viejo y nuevo cuño y sus seguidores. Hace 5 días recrudecieron los ataques del Gobierno, a través de su mecanismo de represión, y de los parapoderes enfundados esta vez en productores, en contra de campesinos e indígenas. En Guahory (Caaguazú) e Itakyry (Alto Paraná) sencillamente se reinstaló el estado de guerra en contra de los pobres. Civiles armados y la propia policía desatan el terror en contra de poblaciones indefensas. No importan derechos ni soberanía. Solo el dinero –casi siempre de espurio origen– y la prepotencia que brindan la impunidad y el guiño de las autoridades nacionales, regionales y municipales.

Guahory es una herida abierta en donde policías que custodiaban los sojales de colonos brasileños y su descendencia reprimieron, lastimaron, dispararon y desbarataron el asentamiento campesino, en proceso de expropiación con media sanción en la Cámara de Diputados.

Casi en simultáneo, en la comunidad Ava Guarani de 3 de Julio, asentada en tierra propia en Itakyry, capangas de la empresa Industria Paraguaya de Alcoholes SA (Inpasa) desataron la violencia con disparos, quema de casas y escuela, destrucción de cultivos y violencia física, incluyendo herida de gravedad a un niño de primer grado que estaba en aula. Parte de las tierras arrendadas ilegalmente a los privados por líderes corruptos, fue el pretexto para la criminal incursión.

En ambos casos, el primero con varios antecedentes similares y el segundo con amenazas desde hace mucho tiempo, no hubo intervención efectiva ni resolutiva del Gobierno, de sus organismos, ni de los demás poderes del Estado. El silencio y la omisión, fueron cómplices de los delincuentes de la producción.

El caso del asentamiento indígena constituye una violación de altos estándares de DDHH. Y si bien no genera la indignación de "la población bien" paraguaya, que vive en una burbuja de indiferencia regurgitando enojos selectivos, si no se atiende –al igual que otros casos potenciales o no– llegará a representar un alto costo en vidas humanas y en demandas contra el Estado.

Un video donde la niña ava Cari, junto con su cachorro Karacha'i en brazos, relata con inocente crudeza la violencia desatada por los civiles armados, lleva el caso a un nivel que denota el desprecio de seres humanos hacia seres humanos. Y el Gobierno, cómplice de los productores y terratenientes, es el principal culpable; por esa criminal actitud y por la falta de políticas públicas efectivas y de protección real. La Fiscalía, también. La Constitución le manda la protección de intereses indígenas. Sin embargo, ahí les vemos medrando, perjudicando más que protegiendo.

La mal llamada clase política, las autoridades electas y las designadas son responsables de estas cosas que ocurren. No realizan el trabajo para el que están en sus puestos; ni sirven para los mandatos de las leyes. Bien les vendría un escarmiento a ver si reaccionan...