EFE
La suspensión se produjo después de que el alto tribunal admitiera el recurso presentado este mismo jueves por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) ante la convocatoria de dicho pleno.
El presidente del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció su voluntad de comparecer el 9 de octubre ante el pleno del Parlamento regional para valorar los resultados y los efectos del ilegal referéndum independentista del 1 de octubre, con la declaración de independencia de Cataluña sobre la mesa.
Aunque en el único punto del día de la sesión no se menciona específicamente la declaración de independencia, la CUP, grupo independentista radical que apoya a la coalición de gobierno Junts pel Sí (JxSí) integrada por el centroderecha (PDeCat) y republicanos de izquierda (ERC), aseguró que en el pleno se proclamaría la república catalana.
En el recurso presentando por los socialistas catalanes, se advierte de que convocar ese pleno supone “ignorar a sabiendas la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional” sobre la Ley del Referéndum, aprobada el pasado 6 de septiembre.
Esa ley dice que en caso de victoria del sí en la consulta secesionista, la independencia de Cataluña podría declarase formalmente 48 horas después de la proclamación de los resultados.
El PSC afirma en su recurso que “pretender que la citada ley surta efecto supondría un quebrantamiento radical del ordenamiento constitucional”.
Del mismo modo, en el supuesto de una declaración formal de independencia, los socialistas catalanes consideran que se daría una “total y completa aniquilación” de los derechos de los diputados, “por la demolición ilegítima del bloque de constitucionalidad en Cataluña”.
La decisión del Constitucional tuvo la rápida respuesta de la presidenta del Parlamento regional, la independentista Carme Forcadell, quién la interpretó como un “rechazo” a la oferta de “diálogo” realizada por una parte del independentismo catalán, en referencia a la disposición de Puigdemont a dialogar.
Una posibilidad que no entra en los planes del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, quien hoy aseguró, en una entrevista con Efe, que la unidad de España no puede “ser objeto de ninguna mediación ni de ninguna negociación”.
“La mejor solución, y creo que eso lo compartimos todos, es la vuelta a la legalidad, que es que todas aquellas personas y gobernantes que han decidido por su cuenta y riesgo liquidar la ley y situarse fuera de ella, vuelvan a la legalidad”, apuntó el jefe del Ejecutivo español.
Para Rajoy, ese regreso a la legalidad debe pasar también por “suprimir” el proyecto de hacer una declaración unilateral de independencia y por cumplir, “como hacen todos los ciudadanos”, los preceptos legales.
La incertidumbre que ha generado una eventual declaración unilateral de independencia ha llevado a varias empresas con sede en Cataluña a cambiar su sede social a otras comunidades autónomas españolas para proteger a sus clientes y accionistas.
Después de 130 años de historia en la región española de Cataluña, el Banco Sabadell -el quinto de España por volumen de activos, con 2.548 oficinas y unos 26.000 empleados- anunció hoy el traslado de su sede social a la provincia valenciana de Alicante (este), lo que le permitirá mantenerse bajo la supervisión del Banco Central Europeo (BCE) y con acceso a líneas de liquidez.
En la misma trayectoria, el tercer banco español, CaixaBank, igualmente con sede en Cataluña, prevé convocar mañana un consejo de administración extraordinario para aprobar el traslado de su sede social fuera de Cataluña, confirmaron a Efe fuentes financieras.
Este cambio sería posible gracias a una modificación legal que prepara el Gobierno español y que le permitiría realizar este trámite sin que la entidad someta esta decisión a aprobación de la junta de accionistas.
