Por Iván Lisboa
El Ministerio de Justicia decidió intervenir la Penitenciaría Regional de Misiones tras las publicaciones de UH de las denuncias sobre el funcionamiento de un esquema de prostitución a la que son sometidas las reclusas para comer, asearse y hasta para tener un lugar dónde dormir.
La secretaria de Estado informó que la investigación comenzó y que se determinó separar de sus cargos a varios funcionarios. Los primeros resultados se tendrían en unos 15 días. Luego de ese plazo, la institución debe definir la destitución o permanencia de los funcionarios, de acuerdo con las pruebas recolectadas.
“Hemos comprobado ciertas irregularidades, pero a veces son muy difíciles de comprobar estas denuncias dentro del sistema penitenciario porque no tenemos un sistema de protección a víctimas y testigos en situación de encierro”, expresó la ministra.
Insistió en la implementación de un plan nacional de atención a mujeres recluidas que es llevado adelante por la Coordinadora de Mujeres y en la falta de presupuesto para la construcción de más penitenciarías. Agregó que también se investigará la situación en los penales de San Pedro y Coronel Oviedo.
Actualmente, solo el Buen Pastor en Asunción y Juana de Lara en Ciudad del Este son sitios de reclusión solo para mujeres. En el resto del país, las privadas de libertad conviven con los hombres.
A cambio de un jabón. Informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) revelan que en las cárceles mixtas de San Pedro, Coronel Oviedo y Misiones se instaló un esquema lucrativo de prostitución.
La investigación señala que las mujeres en situación de encierro deben vender su cuerpo a cambio de jabones, colchones y otros insumos básicos que por convenios internacionales y leyes nacionales deben estar garantizados.
Los acercamientos no son difíciles de concretar, ya que en estos penales mixtos, solo vallados de tejido metálico o estrechos pasillos separan los pabellones masculinos y femeninos.
Los encuentros normalmente se dan en los cuartos de visitas íntimas y hay casos en que los baños son utilizados para este fin. El informe del Mecanismo cuenta que en una ocasión una funcionaria llegó a recibir G. 500.000 por facilitar una noche íntima entre una reclusa y otro funcionario.