AFP
BRASILIA - BRASIL
La Corte Suprema de Brasil suspendió ayer un indulto presidencial de Navidad que podría haber dejado en libertad a políticos y empresarios condenados por la megacausa de corrupción Lava Jato.
La decisión respondió a un pedido de la fiscala general, Raquel Dodge, quien pidió dejar sin efecto ciertos beneficios de un decreto del presidente Michel Temer por considerarlo inconstitucional y violatorio de la separación de poderes.
“Concedo la medida cautelar”, escribió la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia.
“El indulto no es ni puede ser un instrumento de impunidad”, agregó.
El indulto había desatado una cascada de críticas y fue denunciado por funcionarios de la justicia como un black friday de los crímenes de cuello blanco.
La fiscala Dodge dijo en su presentación que los indultos datan del “absolutismo monárquico” y que beneficiarían “muy especialmente a un determinado grupo de condenados que practicaron crímenes contra el patrimonio público, sin que haya razones humanitarias que lo justifiquen”.
La investigación “Lava Jato está en riesgo, así como todo el sistema de responsabilización criminal”, señaló en su presentación.
Dodge fue elegida por el propio Temer para reemplazar a Rodrigo Janot, fiscal que lo denunció dos veces por corrupción este año y lo convirtió en el primer mandatario en funciones en ser acusado de un delito común en toda la historia de Brasil.
Deltan Dallagnol, jefe del equipo a cargo de investigar las ramificaciones de Lava Jato en personas sin fueros políticos, lo consideró “un insulto” que esterilizaba la delación premiada, figura a la que se acogieron decenas de delincuentes para confesar sus crímenes a cambio de una condena más suave.