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Opinión
viernes 26 de agosto de 2016, 01:00

Justicia fiscal

Por Wendy Marton – En TW @WendyMarton
Por Wendy Marton

Cuando el Poder Ejecutivo planteó la modificación del sistema de fijación de los valores fiscales de los inmuebles, muchos creímos que por fin los grandes productores de soja y carne tributarían un monto mucho mayor por el impuesto inmobiliario.

El Congreso sancionó en noviembre del año pasado la Ley 5513/15, que estableció, entre otras cosas, que los valores fiscales aumentarían entre tres y cuatro veces más, en relación con el año anterior (entre 300% y 400%). Hasta antes de esta ley, los valores fiscales se incrementaban en el mismo porcentaje de la inflación del año anterior (no más de 5% por año).

La explicación que dieron cuando se aprobó la nueva ley fue que la diferencia entre el valor fiscal y el precio de mercado por hectárea de las principales zonas agrícolas del país se situarían entre cinco y hasta veintiséis veces más, con lo cual se reduciría la brecha.

Recordaron que con los valores que se utilizaban hasta el año pasado, la diferencia entre el precio de mercado y el valor fiscal era de entre 44 y hasta 141 veces.

El Servicio Nacional de Catastro (SNC) estimaba que con los nuevos valores fiscales se recaudarían entre USD 60 millones y hasta USD 172,5 millones, es decir, aproximadamente 0,6% del PIB.

Pero la práctica rara vez acompaña a la teoría. Y si bien la mayoría de los pequeños productores sí pagaron este aumento y los grandes productores no, los niveles de morosidad registrados en los municipios aumentaron considerablemente. Eso motivó que la semana pasada, el Poder Ejecutivo aprobara un decreto volviendo a reducir hasta en un 50% los valores fiscales incrementados a principios de año, y determinó que rija desde ahora.

El problema de la Ley 5513/15 es que no contempló cobrar menos a quienes tienen propiedades pequeñas (pequeños productores), y más a quienes perciben un lucro mayor. Si bien para considerar la mayor renta existe el Iragro, esta ley podía haber ayudado a crear mayor justicia tributaria al diferenciar entre quienes concentran y explotan grandes propiedades y quienes no.

Una de las mayores injusticias tributarias se vive en el campo. Los grandes productores agropecuarios tienen tierras que cuestan entre USD 5.000 y USD 10.000 la hectárea, un rendimiento agropecuario que supera ampliamente este costo, pero solo tributan entre G. 6.600 (USD 1,2) y G. 10.000 (USD 1,8) por hectárea. Y el pequeño, cuya propiedad vale menos, por una menor inversión y extensión, paga igual impuesto.

Ahora que se avanzó en reordenar el sistema de valoración fiscal, es necesario empezar a trabajar en un proyecto de mayor justicia tributaria para inmuebles rurales. Así, se deberían fijar valores fiscales mayores a propiedades con mayor rendimiento agrícola y pecuario, y cobrar menos a quienes menos tienen.