Cuando el Poder Ejecutivo planteó la modificación del sistema de fijación de los valores fiscales de los inmuebles, muchos creímos que por fin los grandes productores de soja y carne tributarían un monto mucho mayor por el impuesto inmobiliario.
El Congreso sancionó en noviembre del año pasado la Ley 5513/15, que estableció, entre otras cosas, que los valores fiscales aumentarían entre tres y cuatro veces más, en relación con el año anterior (entre 300% y 400%). Hasta antes de esta ley, los valores fiscales se incrementaban en el mismo porcentaje de la inflación del año anterior (no más de 5% por año).
La explicación que dieron cuando se aprobó la nueva ley fue que la diferencia entre el valor fiscal y el precio de mercado por hectárea de las principales zonas agrícolas del país se situarían entre cinco y hasta veintiséis veces más, con lo cual se reduciría la brecha.
Recordaron que con los valores que se utilizaban hasta el año pasado, la diferencia entre el precio de mercado y el valor fiscal era de entre 44 y hasta 141 veces.
El Servicio Nacional de Catastro (SNC) estimaba que con los nuevos valores fiscales se recaudarían entre USD 60 millones y hasta USD 172,5 millones, es decir, aproximadamente 0,6% del PIB.
Pero la práctica rara vez acompaña a la teoría. Y si bien la mayoría de los pequeños productores sí pagaron este aumento y los grandes productores no, los niveles de morosidad registrados en los municipios aumentaron considerablemente. Eso motivó que la semana pasada, el Poder Ejecutivo aprobara un decreto volviendo a reducir hasta en un 50% los valores fiscales incrementados a principios de año, y determinó que rija desde ahora.
El problema de la Ley 5513/15 es que no contempló cobrar menos a quienes tienen propiedades pequeñas (pequeños productores), y más a quienes perciben un lucro mayor. Si bien para considerar la mayor renta existe el Iragro, esta ley podía haber ayudado a crear mayor justicia tributaria al diferenciar entre quienes concentran y explotan grandes propiedades y quienes no.
Una de las mayores injusticias tributarias se vive en el campo. Los grandes productores agropecuarios tienen tierras que cuestan entre USD 5.000 y USD 10.000 la hectárea, un rendimiento agropecuario que supera ampliamente este costo, pero solo tributan entre G. 6.600 (USD 1,2) y G. 10.000 (USD 1,8) por hectárea. Y el pequeño, cuya propiedad vale menos, por una menor inversión y extensión, paga igual impuesto.
Ahora que se avanzó en reordenar el sistema de valoración fiscal, es necesario empezar a trabajar en un proyecto de mayor justicia tributaria para inmuebles rurales. Así, se deberían fijar valores fiscales mayores a propiedades con mayor rendimiento agrícola y pecuario, y cobrar menos a quienes menos tienen.
