DEL DICHO AL HECHO. Este hecho se contrapone al discurso de la ministra de la máxima instancia judicial, quien refirió en el acto de su asunción, que busca combatir la morosidad judicial, agilizar trámites en los juzgados y demostrar transparencia en la función pública.
El juicio oral y público fue suspendido catorce veces y la audiencia preliminar nueve veces por parte de la defensa, que solo busca dilatar el proceso. En tanto, una acción de inconstitucionalidad presentada por la defensa estuvo tres años y siete meses parada en la Corte, que se resolvió por caducidad; es decir, las partes ni siquiera la miraron antes.
El abogado querellante Jorge Bogarín, quien representa a Mabel Candia, la madre de la víctima, manifestó que resulta sumamente llamativo que no haya ninguna reacción ante las acciones inapropiadas, ilegales y desleales por parte de los abogados; “ya hay una obstrucción de la persecución penal, que es un delito, debido a que se busca la extinción de la causa y la impunidad del acusado”, manifestó el letrado.
Además, resaltó que el sistema está protegiendo a los abogados chicaneros, “pero lo más preocupante es ser protegido por su hermana, que es la presidenta de la Corte”, expresó el profesional.
En tanto, la madre de la víctima solicitó una vez más justicia para su hija.
accidente. El accidente ocurrió el 15 de diciembre de 2006, en San Roque González de Santa Cruz, sobre la ruta 1 Mariscal Francisco Solano López, cuando Hugo Pucheta manejaba el vehículo de Patricia Irminia Arce Candia, quien murió en la colisión con otro rodado.
La acusación sostiene que el accidente ocurrió debido a que el ahora acusado se adelantó a otros vehículos sin tomar las debidas precauciones en cuanto al espacio y la velocidad requerida.
sin informe. El Consejo de Superintendencia de la Corte había mencionado el 14 de diciembre de 2014 que se iba a auditar el caso. Pero a un año del mismo no se presentó ningún informe al respecto.