Un polémico operativo de cateo fue llevado a cabo ayer por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el Centro Educativo Integral de Itauguá (CEI), ex correccional de menores Panchito López.
El atropello se verificó al realizar los antidrogas el cateo portando armas largas y cortas, actitud que viola abiertamente leyes nacionales y normas internacionales en las cuales se basa el régimen de privación de libertad de adolescentes.
El procedimiento se inició a las 7.30 con la intervención de los agentes de la Senad, además de la jueza Penal de la Adolescencia de Luque, Carmen Rossana Román; la jueza de Ejecución de Luque, Rosalía González; el defensor público Juan Martínez, la agente fiscal Antidrogas Lourdes Bobadilla, personal de la Policía Nacional, además de perros entrenados para detectar drogas.
Una vez que la comitiva llegó al correccional, las autoridades penitenciarias les manifestaron que las leyes prohíben el acceso al interior del predio con armas, lo que generó un careo entre los interventores y los responsables del correccional. Sin embargo, las autoridades del centro educativo de menores infractores accedieron a dar permiso para que los agentes especiales ingresen para la verificación de las instalaciones.
El informe de la Senad detalla que durante el cateo se incautaron varias armas blancas de fabricación casera y pipas, entre otros elementos, pero no así de dosis de ningún tipo de estupefacientes. Todas estas evidencias quedaron a cargo del Juzgado Penal de Adolescencia.
extralimitada. A raíz de este episodio, el Ministerio de Justicia envió ayer un comunicado en el cual señala que una extralimitada intervención judicial hizo ingresar a personal armado a las instalaciones de adolescentes.
“Con absoluto desconocimiento de las leyes nacionales y normas internacionales, para el caso del régimen con adolescentes, fue el dispositivo desplegado por la jueza Penal de la Adolescencia de Luque, Carmen Rossana Román, en el Centro Educativo de Itauguá. La comitiva llegó a la institución acompañada de agentes de la Senad, quienes estaban equipados con armas de grueso calibre, en un recinto en el que están prohibidas las armas de fuego”, afirma el comunicado.
En ese sentido, menciona que el MJ, “a más de manifestar su rechazo por el procedimiento, informó del hecho a la Corte Suprema de Justicia”. Además, “evalúa presentar denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)”. Aclara que dicha cartera de Estado mantiene apertura y cooperación permanente para los operativos fiscales o judiciales, siempre que los mismos se realicen dentro del marco legal.
