CANINDEYÚ
Luego de un año sin que las autoridades realicen incineraciones de droga en el departamento, por disposición del juez de Curuguaty, Carlos Martínez, se quemaron 12.351 kilos de marihuana que corresponden a 17 causas penales.
Entre la droga incinerada se encontraban unos 2 mil kilos de marihuana que fueron incautados de la propiedad de Vilmar Neneco Acosta, el ex intendente de Ypejhú que está prófugo por el homicidio de Pablo Medina y de su acompañante Antonia Almada.
Para la incineración de las 12 toneladas de droga el magistrado tuvo que solicitar la colaboración de los militares de la Tercera División de Caballería y del Primer Cuerpo de Ejército, quienes se encargaron de transportar la droga en dos vehículos de gran porte desde el depósito del Ministerio Público hasta el predio del cuartel, ubicado a unos 8 kilómetros de la Curuguaty. En este lugar se cavó una fosa para la quemazón.
Antes de ordenar la incineración, se volvió a realizar el pesaje de toda la droga. Todo el procedimiento fue acompañado por el senador Arnoldo Wiens, presidente de la comisión de investigación del caso Medina, el fiscal antidroga Cristian Royg, además de miembros de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Antinarcóticos.
“CUMPLAN LA LEY”. En la ocasión, el senador Wiens expresó su preocupación por la cantidad de droga acumulada en los depósitos de la Fiscalía y aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a los jueces de todo el país para que cumplan la Ley 1340/88.
Esta normativa establece un plazo no mayor a las 48 horas posterior a la incautación, para la incineración de los estupefacientes. “Yo quiero apelar a todos los jueces del país a que cumplan la ley, no hay motivos para incumplirla”, indicó el legislador.
Consultado sobre el presupuesto exigido por jueces y fiscales para realizar las incineraciones, Wiens señaló que se deben buscar soluciones. No obstante, afirmó que el Estado debe brindar la infraestructura necesaria para estos procedimientos, especialmente en las zonas críticas como Canindeyú y Amambay, donde se registra más presencia del narcotráfico.
Finalmente, el legislador manifestó que el procedimiento “debe ser transparente, en frente de la ciudadanía, de la prensa y las autoridades, de manera a constatar si efectivamente se están realizando los procesos tal como establece la ley”.
Los cuestionamientos a jueces que tardan en quemar drogas incautadas comenzaron luego del robo de 252 kilos de cocaína que estaban depositados en la Jefatura policial de Amambay.
