La imputación en contra del diputado Tomás Éver Rivas y sus tres caseros –a quienes hizo figurar como funcionarios en la Cámara Baja y pagó con dinero del Estado– “se ajusta a derecho”. Así lo señaló el juez penal de Garantías de la causa, Rubén Riquelme, en una reciente resolución.
Además del legislador colorado de Paraguarí, en este caso están procesados Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González. Todos ellos, al igual que el parlamentario, fueron imputados por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Tras ser citados a una audiencia de imposición de medidas cautelares, los tres empleados particulares de Rivas plantearon incidentes ante el juez Rubén Riquelme.
El caso se inició con una investigación de ÚH que reveló que, a pesar de figurar como funcionarios de la Cámara, Chaparro era el casero de la residencia de Rivas en Lambaré, Romero era un encargado de estancia en Paraguarí y Franco, un empleado de un negocio de la familia del diputado en Ybycuí.
válida. Lucio Romero es defendido por Daniel Barrios Gini, hijo de otro diputado colorado de Paraguarí, Clemente Barrios. Su defensa planteó un recurso de reposición que busca anular la imputación.
El argumento de Barrios Gini, que también es sostenido por las defensas de los demás imputados, es que el acta de imputación no tiene suficientes elementos y demuestra “un denodado interés en inventar hechos punibles a partir de pruebas inconsistentes para instrumentar al sistema penal en perseguir a personas inocentes”.
Sobre el punto, asegura que los caseros firmaron planillas de asistencia, tal como lo establece una resolución administrativa de la Cámara Baja; por lo tanto, no hay delito alguno.
En su resolución, el juez Riquelme sostiene que la imputación es completamente válida y se ajusta a derecho. También señala que la Fiscalía cumplió con todos los requerimientos establecidos en el Código Procesal Penal.
“Se puede concluir que no existió violación de derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y nuestro ordenamiento de forma, por lo que mal podría declararse la nulidad absoluta”, concluye el magistrado.
La reposición ahora deberá ser estudiada por la Cámara de Apelaciones. Paralelamente, la defensa del diputado Rivas planteó una apelación general a la comunicación de la imputación que hizo el juez a la Cámara de Diputados. Con el argumento de que esta apelación está pendiente, la Comisión de Asuntos Constitucionales, integrada entre otros por Clemente Barrios, decidió postergar el dictamen sobre su desafuero.
ni cerca. La Fiscalía señala en su imputación que, según el registro de ubicación de llamadas entrantes y salientes de las líneas de celulares de los caseros, estos no estuvieron en Asunción los días de sesión en los que estuvo Rivas. Estaban por Ybycuí o Lambaré.