Joan Mas - EFE
Si el presidente Donald Trump la reconoce hoy como capital de Israel y ordena que se traslade aquí la embajada estadounidense, como informó ayer la Casa Blanca, EEUU romperá un consenso internacional de décadas y pasará por alto toda una serie de resoluciones de Naciones Unidas sobre la ciudad.
Desde 1947, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó el Plan de Partición de Palestina entre un Estado árabe y otro judío con la resolución 181, el estatuto de Jerusalén está por determinar.
El plan establecía que la ciudad y sus alrededores (incluido Belén) quedarían bajo control internacional durante una década y preveía la celebración de un plebiscito para decidir su condición.
Así, se creaba lo que se denominó “corpus separatum”, una entidad aparte administrada por Naciones Unidas con un régimen internacional especial. Pero el estallido de la guerra árabe-israelí truncó la posibilidad de que Jerusalén fuese gobernada a través de un estatuto particular, que nunca se llegó a desarrollar.
Con el armisticio de 1949, la ciudad santa quedó dividida: la parte oriental -con la Ciudad Vieja y los lugares sagrados- quedó bajo control de Jordania y la zona occidental bajo gobierno de Israel.
La ciudad quedó partida en dos con barricadas, alambradas, vallas, puestos de control y torres de vigilancia militares.
Un año más tarde, la Knéset (Parlamento) aprobó una Ley Fundamental que declaró la parte oeste como capital de Israel.
En 1967, con la Guerra de los Seis Días, Israel ocupó el este de Jerusalén (así como Cisjordania, Gaza y los Altos del Golán), un avance al que la ONU reaccionó con la resolución 2253, que declaró ilegales todas las actividades de Israel en la parte oriental y reclamó que cesaran de inmediato.
Poco después, la Asamblea General aprobó la resolución 2254, que condenó el incumplimiento israelí de la resolución anterior, reiteró que debía dejar de actuar en Jerusalén Oriental e insistió en que no podía modificar el “statu quo” de la ciudad.
A estos textos internacionales se añadió en 1968 la resolución 252 del Consejo de Seguridad, que instó de nuevo a Israel a cesar todas sus actividades en la parte este, las calificó de ilegales y condenó la ocupación por las armas de cualquier territorio.
Mientras las condenas internacionales se iban sucediendo, la Knéset aprobó una ley para proteger los monumentos sagrados de la Ciudad Vieja, pero la contienda legal para el control de la ciudad estaba servida.
En los siguientes años, Israel mantuvo Jerusalén Este bajo su control y en 1980 se anexionó unilateralmente esa parte, creó una sola entidad administrativa y amplió sus fronteras a los suburbios. A través de una enmienda de la Ley Fundamental de 1950, pasó a considerar Jerusalén “completa y unida”, como su capital.
Ese mismo año, la comunidad internacional rechazó las pretensiones israelíes con la resolución del Consejo de Seguridad 476, que certificó que las medidas tomadas por Israel carecían de validez jurídica.
Poco después, ratificó esa condena y aprobó una nueva decisión, la 478, en la que exhortó a todos los países de la comunidad internacional a retirar sus embajadas de la ciudad santa.
Tras el nacimiento de Israel en 1948, varios países establecieron sus embajadas en Jerusalén, que llegó a tener 16 de estas legaciones en los años 50, once de ellas de países latinoamericanos, recordaba hoy el diario Haaretz.
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Uruguay, Venezuela, Costa de Marfil, el entonces Zaire, Kenia, Holanda y Haití tenían en la ciudad su representación oficial.
Los tres países africanos las retiraron en 1973, tras instar a ello el Movimiento de Países No Alineados, y el resto siguió este camino tras la petición de la ONU en 1980, excepto El Salvador y Costa Rica, que fueron los últimos en retirarlas, en 2006.
En la actualidad, aunque hay consulados generales, ningún país mantiene su embajada en la ciudad y, hasta ahora, el consenso internacional para condicionar la capitalidad de Jerusalén a un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos era absoluto.
Pese a la falta de reconocimiento, la ciudad es de facto gobernada como una sola entidad a través de la Alcaldía bajo jurisdicción israelí.
Un tercio de sus habitantes -la mayoría de ellos residentes en el este- son palestinos, la mayoría de los cuales niega la soberanía israelí sobre la urbe y tiene un estatus de residente permanente, no de ciudadano.
La posición de Trump se aleja de todos estos instrumentos internacionales y, según han advertido varios países a EEUU en los últimos días, amenaza con desestabilizar la región.
