Por otra parte, el Ministerio Público no debe agotarse en la instrucción de auditorías y sumarios internos que terminen “durmiendo el sueño de los justos”, resalta el comunicado; “sino que debe apuntar decididamente a castigar penalmente a los funcionarios, fiscales y abogados que resultaren responsables de los hechos que, a priori, podrían tratarse de delitos de acción penal pública”.
Asimismo, el Colegio de Abogados lamenta y repudia “la supuesta participación de profesionales del derecho en los hechos que motivan este pronunciamiento”. En ese sentido, uno de los abogados que supuestamente aparece en uno de los audios es Carmelo Caballero, que lleva la representación de una de las partes en el conflicto de tierras que tiene la Secta Moon en el Chaco paraguayo y que –según el audio– acuerda con Fernández Lippmann alargar el proceso para seguir sacando plata a los litigantes.
A raíz de este escándalo, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, se vio obligado a separar de la unidad Anticorrupción a dos fiscales, Nadine Portillo e Igor Cáceres.
Como la esposa del César, dice
La gravedad de los hechos impone a las instituciones involucradas demostrar que “la esposa del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo”. El Jurado y la Fiscalía deben evidenciar ante la ciudadanía que no están dispuestos a apañar ninguna situación de corrupción interna; solo así podrán reivindicarse, apunta.