EFE
Da Silva está encarcelado desde el sábado pasado por una condena de doce años en segunda instancia por corrupción pasiva y lavado de dinero.
En una nota de prensa conjunta, las organizaciones políticas y sindicales citadas aseguran que esta “nueva arbitrariedad legal” solo pretende impedir que el Partido de los Trabajadores (PT) pueda presentar la candidatura de Lula a los comicios presidenciales de octubre, lo que, a su juicio, pone en evidencia la debilidad democrática de Brasil.
Consideran que el encarcelamiento de Lula constata la “peligrosa deriva autoritaria” del “cuestionado gobierno golpista” del presidente actual de Brasil, Michel Temer, que llegó al poder después de que el Senado destituyera en 2016 a la expresidenta Dilma Rousseff, también perteneciente al PT, por unas irregularidades en las cuentas públicas.
Partidos y sindicatos opinan que la condena “sin pruebas” y la “violación” de la Constitución brasileña que han llevado a Lula a la cárcel supone también un ataque al pueblo y los derechos civiles y políticos más elementales del exmandatario, al condicionar la posibilidad de optar por un gobierno democrático en las elecciones.
Critican el “obsceno protagonismo” del sistema judicial brasileño y destacados cuadros del Ejército del país en este proceso, y aseguran que Lula supone un peligro para las elites y los poderes fácticos, así como para el programa de Temer de “involuciones políticas”.
Aparte de exigir la libertad de Lula, reclaman toda la diligencia posible para aclarar las circunstancias del reciente asesinato de la activista y concejal de Río de Janeiro Marielle Franco y demás líderes progresistas muertos y frenar el “descrédito internacional” que consideran que está sufriendo Brasil.
Podemos e IU, que forman un único grupo parlamentario, son la segunda fuerza de oposición del Congreso de los Diputados de España, con 67 de los 350 escaños de la cámara, por detrás de los socialistas, con 84.
