Todo empezó el viernes, cuando 25 senadores oficialistas y aliados decidieron reunirse a puertas cerradas en la bancada del Frente Guasú para aprobar entre ellos el proyecto de enmienda constitucional y, en segundos, lograron que la propuesta ya esté en manos de Diputados.
Al menos media hora después, cascos azules, antimotines y otros uniformados se enfrentaron a treinta manifestantes que estaban frente al Congreso protestando contra la violación de la Constitución Nacional, que no permite la reelección presidencial hasta la fecha. Disparos de escopetas con balines de goma y la actuación de camiones hidrantes inició la represión que hasta afectó a legisladores.
En la noche de ese viernes, manifestantes quemaron parte del edificio del Congreso de la Nación, mientras que los agentes policiales, luego de tanto reprimir, abandonaron la zona y se ubicaron sobre 15 de Agosto, a la espera de alguna orden de sus superiores para accionar.
Después todo empeoró cuando un grupo de agentes policiales ingresaron a la sede del Partido Liberal y asesinaron a Rodrigo Quintana (25), dirigente del PLRA, cuando él y otros estaban refugiándose dentro de la instalación privada.
Tras esto, el Ministerio Público ordenó que un grupo de 10 fiscales investiguen lo sucedido. Más de 200 personas fueron detenidas en la Agrupación Especializada y el diputado Édgar Acosta resultó herido de gravedad luego de que un balín de goma le desfigurara el rostro. Perdió varios dientes y debe ser asistido quirúrgicamente.
MÁS DENUNCIAS INDIVIDUALES
La fiscal confirmó a nuestra redacción que otras personas fueron a denunciar la brutal agresión de agentes policiales. Uno de los casos revela que, incluso, uniformados extorsionaron a un joven, identificado como Ronald Rolón, y lo despojaron de dinero en efectivo a punta de escopeta; lo que se resume en un hecho de coacción.
Varias personas quedaron detenidas ese día en comisarías como la 3ª y la 7ª, mientras que otras 200 fueron retenidas en celdas de la Agrupación Especializada, entre ellas, una persona con discapacidad auditiva, adultos mayores y menores de edad. Mujeres denunciaron que fueron obligadas a desnudarse dentro el penal.
Una de las denuncias tiene que ver con Alicia Liz Cabrera, quien recibió disparos por parte de cascos azules el 1 de abril. Fue impactada por ocho balines de goma en total dentro del predio del PLRA,, donde también asesinaron a Rodrigo Quintana (25) de un disparo de plomo.
El caso de Theodore Stimson, de 47 años, también se volvió de público conocimiento, ya que en redes sociales se lo ve sosteniendo una bandera paraguaya frente al congreso y, minutos después,completamente ensangrentado debido a que la Policía disparó contra su humanidad. Recibió impactos de balines en el tórax, en sus orejas, nariz y brazos. Él también se acercó a denunciar el hecho.
UN CASO DE COACCIÓN Y EXTORSIÓN POLICIAL
El caso de Ronald Rolón llegó igualmente a manos del Ministerio Público debido a que el joven se acercó a denunciar el hecho tras abandonar el estado de shock, consecuencia de las varias horas durante las que fue retenido por agentes policiales sin portanombres que lo obligaron, a punta de escopeta, a abonar G. 1.400.000 para ser liberado. Lo amenazaron de muerte, al igual que a su amigo.
Ocurrió en la madrugada del sábado. Ronald y un amigo suyo estuvieron en la protesta desde las 18.00. Alrededor de las 22.00, la protesta subió de tono y los jóvenes decidieron ante ello abandonar la zona de conflicto. Pero en el camino los de la montada aparecieron y ambos fueron agredidos.
Luego de los golpes, fueron hasta la Plaza Uruguaya para curar sus heridas. Al retornar, camino al auto de su amigo, llegaron hasta el PLRA, en donde decidieron quedar a refugiarse y descansar por un momento.
Cuando la turba desapareció, aparentemente, Ronald y su amigo fueron en busca de su auto, ubicado en el centro capitalino.
Cuando llegaron al auto, unos 10 cascos azules rodearon a los jóvenes y, tras golpearlos, los subieron a la patrullera para “dar unas vueltas”. En el camino subieron a otras tres personas que, luego de unas cuadras más, iban a ser dejados nuevamente en libertad.
Ahí inició su calvario. Lo agredieron y le dijeron que para ser libertado debía entregar G. 4 millones o el caso pasaría a manos del fiscal Emilio Fuster y el monto sería mayor. El amigo de Ronald entregó G. 200.000, diciendo que eso era todo lo que tenía consigo.
Sacaron los datos del joven de una tarjeta laboral que llevaba consigo y, en minutos, le dieron los datos de su papá y de su mamá, dándole a entender que estaba mintiendo y que sí tenía dinero para pagar para ser liberado.
Lo trasladaron en un auto particular conducido por un agente policial y lo llevaron a una calle oscura donde, a punta de escopeta, le dijeron que debía abonar la suma mencionada sí o sí. Su amigo quedó dentro de la patrullera con dos uniformados.
Ronald, ante el pánico, no tuvo más que llamar a su esposa y pedirle un poco de dinero, más lo que él tenía dentro de su auto, para quedar en libertad. Tras de 40 minutos de amenaza, lo dejaron en libertad luego de haber entregado G. 1.400.000. Su esposa grabó parte de lo ocurrido, ya que los seguía en un auto, para entregarle el dinero a Ronald.
El caso también está en manos de Zayas, quien comentó que el joven ya se presentó a testificar este martes. La agente fiscal aseguró que es posible identificar a los presuntos extorsionadores.
