La investigación iniciada sobre el caso considerado hasta ahora como el más grande de lavado de dinero en el Paraguay, involucrando a más de 20 empresas de fachada situadas en Ciudad del Este y Asunción, que habrían realizado movimientos bancarios con transferencias al exterior por valor de aproximadamente USD 1.200.000.000, constituye un gran paso en el proceso de combatir a esta ilegalidad, aunque el propio fiscal adjunto de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza, ha reconocido que la acción se lleva adelante más bien ante la presión internacional, para que nuestro país “ya no aparezca más” en la lista negra de países lavadores de dinero.
Hasta el 2008, el Paraguay figuraba en la lista negra de los países que permitían impunemente las operaciones ilegales de lavado de dinero, elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y durante unos años más se mantuvo en la llamada lista gris, hasta lograr quedar fuera en 2012, mediante varios procedimientos de investigación y persecución a casos detectados.
Hasta entonces, nuestro país estuvo a punto de quedar fuera del sistema financiero mundial a raíz de sanciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se hablaba de más de 8.000 denuncias sobre casos de presunto lavado de dinero que no eran investigadas ni por la Fiscalía, ni por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
A nivel legislativo, la mayoría de los intentos por crear leyes que permitan un mejor control sobre los manejos financieros han tenido una fuerte oposición y muchas maniobras de bloqueo por parte de algunos diputados y senadores, aparentemente vinculados a la narcopolítica. Un proyecto de ley de extinción de dominio, que busca que el Estado pueda confiscar y administrar los bienes de los narcotraficantes, no pudo prosperar hasta ahora en el Congreso.
Otro caso preocupante se dio con la aprobación en el Congreso de la Ley General de Bancos y Financieras, que incluía el polémico artículo 86, considerado “de blindaje a narcos”, que buscaba evitar que el Ministerio Público y la Seprelad puedan acceder a datos que permitan detectar los casos de lavado de dinero. En abril de este año, la ley fue vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo y aún necesita ser corregida.
La actual investigación del presunto megalavado, en el que aparecen involucrados los empresarios Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid, como parte de una red en la que también surgen conexiones con conocidos políticos y autoridades, sin duda implica un paso muy importante, pero no debería ser realizada solamente ante la presión internacional para no volver a figurar en una lista negra o gris, sino respondiendo a un verdadero deseo de transparentar el origen y el manejo de los fondos, incluyendo a los que financian a la actividad política.