EFE
El objetivo sería que esos bienes sirvan para el eventual pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo etarra.
Según informó el Ministerio del Interior, se trata de condenados por atentados terroristas y por acciones de violencia callejera que tienen pendientes deudas contraídas con el Estado por el pago de responsabilidades civiles, que ascenderían a más de ocho millones de euros.
En el marco de esta operación, denominada “Zerga” (impuesto en idioma vasco), han sido embargadas más de 45 cuentas bancarias y se han identificado catorce propiedades inmobiliarias pertenecientes a los condenados.
En declaraciones desde Mallorca (islas Baleares), el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, afirmó que esa operación, que impulsan la Guardia Civil y la Audiencia Nacional, demuestra la continuidad en la lucha antiterrorista a la que se ha comprometido el Gobierno tras el anuncio de disolución de ETA.
El pasado 3 de mayo, la banda terrorista anunció en un comunicado el “final de su trayectoria” y el “desmantelamiento” total “del conjunto de sus estructuras”, después de más de medio siglo de acciones armadas en las que causó más de 850 muertos y practicó la extorsión y los secuestros.
Zoido subrayó que las intervenciones de bienes permitirán asegurar el resarcimiento de sus víctimas en aplicación de las sentencias judiciales.
Aparte de inmuebles, se están interviniendo vehículos pertenecientes a miembros de ETA condenados por los tribunales y se han embargado diferentes cuentas bancarias.
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