EFE
Según vídeos difundidos por los trabajadores, los agentes ingresaron a la alcaldía de Iribarren de la ciudad de Barquisimeto, en el estado de Lara, después de que el Supremo destituyera y ordenara la captura del alcalde Alfredo Ramos, contra el que se abrió un proceso por permitir protestas en su jurisdicción.
Algunos presentes difundieron en Twitter vídeos de los trabajadores entonando el himno nacional y tratando de proteger a Ramos, contra quien el máximo tribunal dictó una pena de 15 meses de cárcel y a quien se llevaron entre gritos de “libertad” de sus trabajadores.
En los minutos previos a su detención, ya emitida la orden de arresto del Supremo, Ramos responsabilizaba de su seguridad, de la de sus “500 empleados” y la de su familia al presidente, Nicolás Maduro, y a Diosdado Cabello, número dos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Ramos escribió en directo sobre cómo los agentes del Sebin armados irrumpían en la sede municipal, horas después de que anunciara que se iba a “atrincherar” con los funcionarios en la alcaldía para evitar no entregarla a “ningún usurpador”.
Antes de que consiguieran apresar a Ramos en su despacho, fueron difundidos varios vídeos que muestran a los trabajadores exigiendo a los efectivos del servicio secreto la orden de detención contra el jefe del ayuntamiento.
Al materializarse la orden dictada por el Supremo -acusado repetidamente de ejercer de brazo judicial del Gobierno chavista- numerosos diputados opositores han expresado su rotunda condena a lo que califican de “secuestro”.
El Parlamento, de contundente mayoría opositora rechaza la legitimidad de 33 de sus magistrados por supuestas irregularidades en sus nombramientos por parte de la anterior Cámara controlada por el chavismo, y el pasado viernes designó a otros 33 jueces para sustituir a los que se encuentran en ejercicio en el Supremo.
Según los diputados antichavistas, Ramos pasa a engrosar la lista de casi 500 presos políticos confeccionada por la organización pro derechos humanos Foro Penal, un documento avalado esta semana por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Venezuela debe elegir este domingo a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Maduro para elaborar una nueva Carta Magna que apuntale el Estado comunal y afiance el “socialismo del siglo XXI” en el país.
La oposición intentará impedir la votación con concentraciones en las calles, y coincide con actores sociales como la iglesia católica, los rectores de varias universidades, la patronal y algunos sindicatos al denunciar el proceso como un mecanismos del Gobierno de “consolidar una dictadura” en el país petrolero.
