12 may. 2024

Hurreros colorados acompañaron entrega de firmas pro reelección

La Asociación Nacional Republicana (ANR) entregó este viernes las carpetas con más de 360.000 firmas al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) como última jugada para pedir la enmienda constitucional para introducir la figura de la reelección presidencial en la Constitución Nacional. Los hurreros no estuvieron ausentes en el acto de entrega.

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El salón repleto de colorados al momento de entregar las carpetas con firmas pro reelección. Foto: Roberto Irrazabal

Como se había anunciado días antes, la presentación formal estuvo a cargo del vicepresidente de la República, Juan Afara, el titular del Partido Colorado, Pedro Alliana, y una comitiva de la ANR. La recepción estuvo a cargo del asesor jurídico del TSJE, Alberto Mauro.

El acto se desarrolló en medio de un salón repleto de adherentes del Partido Colorado, quienes portaban remeras alusivas a la reelección y pancartas con la frase: “Que la gente decida”. También estuvieron presentes algunos ministros del Ejecutivo.

Cuando estaba haciendo uso de palabra el vicepresidente de la República, Juan Afara, aparecieron los tradicionales hurreros colorados que a gritos comenzaron a gritar: “Se siente, se siente, Horacio Cartes presidente”.

El debate sobre la reelección presidencial en este periodo gubernamental entra en su etapa final con la presentación de estas carpetas con más de 360.000 firmas por parte de los colorados, que imperiosamente buscan la enmienda constitucional.

La Asociación Nacional Republicana (ANR) utiliza su última carta tras el fracaso de los diálogos en el ámbito legislativo y sin conseguir los números necesarios por la resistencia de la oposición y disidencia colorada. El objetivo del oficialismo es que Horacio Cartes sea otra vez candidato en las elecciones del 2018.

Se ampararon en el artículo 290 de la Constitución Nacional, en el que se establece que para realizar una enmienda se necesita de la cuarta parte de los legisladores de cualquiera de las Cámaras del Congreso, del Presidente de la República o de treinta mil electores en petición firmada.

Por esa razón, los referentes cartistas se cansaron de utilizar en los últimos meses la frase: “Que la gente decida”, teniendo en cuenta que al aprobarse una enmienda, necesariamente, se debe convocar a un referéndum en donde la ciudadanía debe decidir si está de acuerdo o no.

Sin embargo, la presentación de las carpetas con las firmas se realizó en medio de una fuerte polémica por la violación de la Constitución Nacional y de las leyes vigentes. Los colorados oficialistas hicieron caso omiso a todas esas críticas.

VIOLACIONES. Analistas y expertos jurídicos señalan que un proyecto no puede ser tratado nuevamente en el plazo de un año si una de las Cámaras del Congreso lo rechaza. En este caso, la Cámara de Senadores archivó un proyecto de enmienda en agosto del año pasado en una jugada estratégica de la oposición y disidencia colorada.

Además, la disposición del artículo 290 de la Carta Magna también señala los temas que no pueden ser cambiados por la enmienda y que deben ser modificados a través de la reforma constitucional, donde figuran “el modo de elección, la composición, la duración de mandatos o las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado”.

Por otro lado, las firmas juntadas en los entes públicos también violaron el artículo 60 de la Ley Nº 1626 de la Función Pública, como acto político y de presión que no tiene relación laboral.

PROCEDIMIENTO. La Justicia Electoral verificará si las firmas presentadas por los colorados figuran en el Registro Cívico Permanente (RCP), ya que la Constitución Nacional señala que deben ser como mínimo 30.000 electores los que pidan una enmienda.

Una vez concluido dicho proceso, el TSJE debe volver a entregar a la ANR las planillas con el visto bueno correspondiente, en caso de que todo esté en orden, o con el rechazo de los nombres que no figuran en el padrón electoral.

Con dichas planillas verificadas, las autoridades del Partido Colorado deben volver a presentar al Congreso Nacional el pedido para su correspondiente estudio y tratamiento en ambas cámaras.

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