Natalia Kidd - EFE
A todos estos hijos de acusados e incluso condenados por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante el último régimen de facto (1976-1983) en Argentina los une un común denominador: una infancia marcada por el “de eso no se habla”.
Crecieron sin poder hablar, pero siendo testigos de conversaciones y actitudes que señalaban a sus padres como responsables de lo que luego, como jóvenes y adultos, comprenderían que fue un terrorismo de Estado atroz que, según cifras de organismos de derechos humanos, hizo desaparecer a 30.000 personas.
Distinto fue el caso de Analía Kalinec, una de las fundadoras del colectivo, quien tenía 24 años cuando en 2006 su padre, Eduardo Emilio Kalinec -alias “Doctor K”, un ex policía que actuó en centros clandestinos de detención y tortura y fue condenado a cadena perpetua-, fue detenido en el marco de una causa por crímenes de la dictadura.
“Yo me entero de la vinculación de mi papá con el terrorismo de Estado cuando se reabren los juicios por la Verdad. Al principio mi reacción fue de negación absoluta, no podía entender que mi papá hubiera participado en esos crímenes”, contó a Efe Kalinec.
Proceso “doloroso”, la joven dijo haber sufrido un “exilio” dentro de su propia familia, que pretendía imponerle un “mandato de silencio”.
“Me fui dando cuenta de que tenía que asumir mi condición de hija de genocida”, relató Kalinec, quien decidió privilegiar su “posición ética y humana”.
A mediados del año pasado, Kalinec formó el colectivo Historias Desobedientes junto a otros hijos de represores y creó un perfil en Facebook, en donde desde entonces se contactan con otros hijos con historias similares.
Comenzaron a participar en marchas convocadas por organismos de derechos humanos portando una bandera que los identifica como “hijos e hijas de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia”, reclamando en las calles a la par de sobrevivientes y familiares de víctimas de la represión.
El colectivo lucha ahora por lograr un cambio en la ley argentina que les permita denunciar y atestiguar en juicio contra sus propios padres, para aportar los datos que saben.
Este es el caso de Pablo Verna, cuyo testimonio, si fuera admitido por un tribunal, podría derivar en una investigación contra su padre, Julio Verna, un médico militar.
En 2013, Pablo, que entonces tenía 40 años, enfrentó a su padre y este, según su relato, le confirmó cuál había sido su actuación durante la dictadura.
Lo denunció entonces ante la Secretaría de Derechos Humanos y contó lo que sabía a un abogado querellante en una causa por delitos de lesa humanidad, pero su testimonio no es válido para la Justicia hasta que no se produzca un cambio en las normas que prohíben declarar en contra de un familiar.
“Yo venía evaluando en mis espacios terapéuticos que un día él no iba a estar más y que yo iba a tener que pasar toda mi vida con la duda. Prácticamente era indudable, pero la negación se te cuela por todos lados. Cuando él me admitió su participación, ya no tuve más dudas”, contó Pablo a Efe.
Desde ese mismo día, rompió completamente el vínculo con su padre, que permanece libre.
“En el colectivo hay todo tipo de casos. Tenemos compañeros que sospechan cuál ha sido la participación de sus progenitores en el genocidio porque integraban las fuerzas (armadas y de seguridad) y eventualmente vieron o escucharon algo. Ese tipo de sospechas las tuve yo durante mucho tiempo”, señaló Verna.
