28 mar. 2024

Hermanos cobraron G. 200 millones con dudosos datos

Cuatro hermanos cobraron más de 200 millones de guaraníes como supuestas víctimas de la dictadura, adulterando supuestamente el hábeas data, pese a que incluso la Dirección de Delegaciones alertó sobre esto, según refiere la imputación presentada el miércoles último por los fiscales Igor Cáceres y Josefina Aghemo.

Evidencia.   García confirmó el pago irregular a una supuesta víctima de la dictadura.

Evidencia. García confirmó el pago irregular a una supuesta víctima de la dictadura.

ÚH accedió al documento de uno de los casos, donde el actual contralor Enrique García –en su función anterior de procurador general– hizo lugar a lo peticionado por el ex defensor del Pueblo Manuel Páez Monges (ver facsímil).

Se trata del pedido de Carmelo Zárate Vera, supuesto hijo de las víctimas de la dictadura Cipriano Zárate y Aurelia Vera. El hombre mencionó en el escrito –al igual que sus otros tres hermanos Braulio Aníbal Zárate Vera, Lyliana Zárate Vera y Rubén Antonio Zárate Vera– que sus padres fueron perseguidos políticos durante la época de gobierno de Alfredo Stroessner, por ser tildados como comunistas.

Seguidamente, amplió su reclamo argumentando haber sufrido supuestas lesiones físicas en un secuestro efectuado por militares, del que había sido víctima a los 14 años. Extrañamente estas circunstancias no fueron expresadas al presentar la solicitud de indemnización.

En su primer diagnóstico médico no figuraban lesiones físicas, mientras que en el segundo diagnóstico –que fuera arrimado con la ampliación de su reclamo– llamativamente ya se encontraban consignadas las supuestas secuelas, según la carpeta fiscal.

DETECTADO. Los delegados a cargo de los expedientes incluso recomendaron la desestimación de la indemnización. Sin embargo, a pesar de las anormalidades, el ex titular de la Defensoría del Pueblo finalmente resolvió que se desembolse la suma de G. 249.311.000.

En la causa hay seis expedientes más de personas que fueron beneficiadas con indemnizaciones, aunque algunos cometieron delitos y otros adulteraron datos. El perjuicio patrimonial estimado es de G. 936.473.000.

Pese a haber dado su aval para los pagos, García no fue incluido en la imputación, por el caso en el que sí fueron procesados Páez Monges, Victorino Andrés González Sarubbi y Shirley Lucía Cantero Figueredo, por el hecho punible de lesión de confianza. Aparentemente, según fuentes fidedignas, esto fue por orden del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.