El tiempo pasa. El incumplimiento del contrato y el retiro de la firma constructora son solo algunas de las razones por las que una obra realizada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) queda en stand by durante un buen tiempo. Salir de esa situación lleva un largo proceso judicial.
Llegar a la rescisión con una empresa representa un largo camino a ser recorrido. El director de Recursos Físicos del Ministerio de Salud, arquitecto Horacio Loizaga, detalla el procedimiento. En primer lugar, el caso es derivado a asesoría jurídica del MSP. Esta instancia la envía a la Procuraduría. En este estamento se debate el caso.
“Hay veces que la empresa afectada va ya a lo contencioso administrativo de la Corte. Ahí vienen los reclamos, la contraparte”, detalla Loizaga.
Según revela, 30 contratos fueron rescindidos de parte del ministerio. Señala también que existen personas que dentro de cada acuerdo tienen más de una obra a su cargo.
RAZONES. El incumplimiento del contrato es una de las razones que llevan a la judicialización, explica el arquitecto. Otro motivo es el abandono de la obra o no cumplir con el plazo de entrega.
Reveló lo que ocurre con las pólizas de los casos judicializados. En algunos casos la empresa se declara insolvente al reclamarle el cumplimiento de esta parte del contrato. Agrega que las aseguradoras ya no quieren arriesgarse a esta cláusula en los contratos, pues ellas deben hacer frente a los costos del incumplimiento.
Aclaró que se dan situaciones en que la cartera de Estado no cumple con su parte, por lo que se amplía el plazo establecido.
CAMBIO. Loizaga comenta que anteriormente se acostumbraba dar un adelanto del 50% del monto del trabajo para las empresas adjudicadas. Según contó, esta costumbre fue dejada de lado, debido a que representaba una gran pérdida para el ministerio.
Comentó que empezaron a aplicar la modalidad de contrato abierto, con el cual no es obligatorio dar adelanto alguno por los trabajos. “El que quiere hacer, que ponga la plata. Una vez hecho el trabajo, se le paga. Con este sistema cortamos la irresponsabilidad que había”.
La judicialización de un contrato no solo representa el atraso de las construcciones. Además del drama que significa para la población beneficiaria, genera un nuevo costo. Aunque existe un tope para el monto a ser designado es inevitable el aumento. Dependiendo del tiempo que estuvo parada, el presupuesto debe actualizarse al nuevo precio de los materiales, los jornales de los obreros y otros gastos. En algunos casos se suma la reparación o reestructuración de lo que ya se había construido, estudios de suelo y otras inversiones que no estaban previstas originalmente.
La nueva empresa cuenta con un tope del 20% en su nuevo presupuesto. Es lo máximo que puede indicarse sobre el monto original.
Hay firmas que inician con un nombre al recibir el anticipo y cambian al acabar el dinero. Horacio Loizaga, MSP.
Piden anticipo y después desaparecen
“Hay algunas empresas que se llaman Juan Gabriel cuando reciben el anticipo por el contrato. Cuando se acaba el dinero, cambian el nombre y se llaman Gabriel Juan”, comenta el arquitecto Horacio Loizaga, director de Recursos Físicos del Ministerio de Salud Pública.
Loizaga explica que su área ejecuta y fiscaliza los trabajos. Detalló que algunos casos se destrabaron, como el de Lambaré, Ñemby y Centro Nacional de Adicciones. En cambio, el proyecto de Bahía Negra y el Parque Sanitario sobre la avenida Venezuela continúan en la espera.