El ingeniero Luis Ferreira, de la Dirección de Proyectos Estratégicos del MOPC, señaló: “Tenemos 10 empresas interesadas; no sabemos cuántos van a ofertar, porque es un proceso muy complejo, ya que no es una obra convencional, porque involucra a empresas de construcción y bancos internacionales que deben entre ellos entenderse para que salga de ahí la oferta. Seguimos respondiendo consultas; estamos preparando las respuestas a esas consultas. Esperamos recibir un número satisfactorio de propuestas”.
En cuanto a los cuestionamientos de las compañías al pliego, comentó que hay dudas principalmente en las garantías que ofrecerá el Estado para repagar el préstamo y la cantidad de dinero que la empresa tendrá que invertir, sin tener ningún reconocimiento previo de deuda del estado.
“Son ajustes que estamos haciendo para dar más tranquilidad a los oferentes en ese sentido, porque entendemos que hay una relación de banco y constructor, que hay que tratar de fomentar y no poner tantas interrogantes y variables indefinidas”, manifestó.
Al mismo tiempo, aclaró que el peaje no cubrirá toda la inversión, por lo que ese vacío se estará llenado con aporte estatal. “El modelo es atractivo según las garantías que el estado le dé al financista de que le va a devolver la deuda”, agregó.
ESTIMACIONES DE LOS PAGOS. La empresa que resulte ganadora de la licitación puede recibir hasta USD 1.470 millones en 30 años, plazo de duración del contrato con el Estado por ejecutar la infraestructura de las dos rutas nacionales. La cifra es el límite máximo que se establece en el pliego, que variará de acuerdo a la oferta que se presente.
El monto mencionado saldrá del fideicomiso que garantizará los compromisos del país en esta inversión y representa el cuádruple de lo que la firma invertirá en la obra, que llegaría como máximo a USD 400 millones.
Los desembolsos a la compañía adjudicada del proyecto se realizarán una vez que concluyan las obras, desde el 2019, de acuerdo al pliego.
En este sentido, el fondo fiduciario pagará a la contratista la suma de USD 750 millones, que es por el recupero de su inversión (pago diferido de inversión).Esto se abonará por un periodo de 15 años, con un pago anual de casi USD 50 millones de dólares, divididos en USD 24,7 millones de manera semestral, que es el límite que exige el pliego. El monto a pagarse es casi el doble de lo invertido por la firma.
Además, se pagará a la empresa del fideicomiso por disponibilidad (mantenimiento y operación de la carretera) que se estima unos USD 720 millones por 30 años, que implica USD 24 millones al año. Este pago se realizará a un monto de unos USD 6 millones trimestrales y en guaraníes.
El monto pagado por mantenimiento estará sujeto a deducciones por el cumplimiento de disponibilidad, calidad, y niveles de servicios de la infraestructura.
