Un joven abogado, que acababa de recibir su matrícula, comentaba que su máxima e inmediata aspiración era convertirse en defensor público, por estas razones: no se verá en la necesidad de salir a competir con miles de sus colegas para conseguir un contrato; siempre tendría casos, y, gane o pierda el juicio, recibiría una remuneración nada envidiable. Algo más de 14 millones de guaraníes mensuales, más otros beneficios.
El flamante abogado salió de la Universidad Nacional de Asunción. Es decir, todo el resto de los ciudadanos le subsidiamos sus estudios en la Facultad de Derecho más antigua y prestigiosa del país. Algo de lo que los egresados de la UNA no toman conciencia. Por consiguiente, no se sienten mínimamente comprometidos con la sociedad, en términos de devolver con sus servicios parte de lo que costó al Estado formarlos como profesionales.
Recordamos esta historia cuando el fin de semana, el juez Andrés Casatti compartía la noticia de que abogados de tres estudios jurídicos tomarán sin costo las causas de los internos más vulnerables que se encuentran en las penitenciarías del país. Con este proyecto, promovido por el Ministerio de Justicia, además de reducir las dilaciones indebidas en el proceso penal, desconcentrar las prisiones y poner en vigencia derechos humanos básicos, se buscará promover el voluntariado social en un gremio donde esto es una excepción.
La idea es que más abogados, de todas las circunscripciones judiciales, se sumen a esta iniciativa humanitaria.
Según informe de la Auditoría de Gestión Judicial de la Corte Suprema de Justicia, solo 56, 46 % (1.881) de los reclusos de Tacumbú, la principal penitenciaría del país, están condenados y hay 633 sin procesos registrados. Esto significa que ni siquiera se tienen datos de por qué están recluidos.
En el país se reciben unos 800 abogados al año. Actualmente, existen más de 45.000 abogados y salvo algunas universidades, las numerosas facultades de Derecho que están diseminadas por toda la República, no fomentan el servicio social de sus estudiantes y profesionales egresados. Tampoco lo ha hecho el Estado.
De ahí que la iniciativa del Ministerio de Justicia resulta muy alentadora, puesto que sumará una opción a la Defensa Pública que se ve sobrepasada con tantos casos acumulados por la desidia institucional de la que, lenta y pesadamente, comienza a sacudirse el sistema de Justicia. Los abogados pueden ganar puntos con cada servicio gratuito que realicen y hacerlos valer para los concursos a cargos en el Poder Judicial y para acceder a cátedras universitarias. Quizá esto ayude a romper el esquema según el cual en Paraguay, salvo contadísimas excepciones, por encima de los criterios de ética y honesto y profesional desempeño, si se es abogado y se pretende ganar notoriedad, hay que andar en un Mercedes Benz, vestir trajes de marca y pertenecer a algunas de las logias masónicas.
