Una fuente de la Cancillería confirmó hoy a Efe que la documentación para la detención provisional de Archila fue remitida ayer, jueves, por la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores la entregó a la Embajada de Guatemala en Estados Unidos.
Esta a su vez lo notificó al Departamento de Estado de Estados Unidos para que se tome la decisión sobre el exministro, que supuestamente se encuentra en Florida, donde tiene abierto un proceso migratorio.
Archila, titular de la cartera durante el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), quien se encuentra en prisión preventiva por corrupción, está “bajo fianza” en EE.UU. desde diciembre, cuando fue detenido por problemas con su visado.
Archila, que alegando persecución política dimitió el 15 de mayo de 2015, cuando ya una comisión del Congreso lo investigaba por actos de corrupción, está acusado de sufragar lujosos regalos a través de comisiones ilegales a Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Según la investigación, durante el mandato del Partido Patriota (PP) en Guatemala, sus líderes, Pérez Molina y Baldetti, recibieron obsequios sufragados por sus ministros a través de comisiones ilegales entre 2012 y 2014.
Pérez Molina recibió como regalo por su cumpleaños una lancha, una casa en la playa y un helicóptero valorados en 4,3 millones de dólares; mientras a Baldetti se le agasajó con una vivienda en Roatán (Honduras) por valor de 500.000 dólares.
Estos regalos eran costeados por los exministros del gabinete de Pérez Molina, quienes a menudo entregaban el dinero al entonces secretario privado de la exvicepresidenta, Juan Carlos Monzón, hoy colaborador eficaz del Ministerio Público (MP, Fiscalía).
Por estos hechos ya están procesados los exministros de Defensa y Gobernación durante el mandato de Pérez Molina, Manuel López Ambrosio y Mauricio López Bonilla, respectivamente, y está con una alerta internacional el exresponsable de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quien se cree que también está en Estados Unidos.
El caso en el que está implicado Archila está relacionado con una trama conocida como Cooptación del Estado, supuestamente liderada por Pérez Molina y Baldetti, y de la que ambos se sirvieron para financiar su campaña política y llegar al poder, y desde ahí dirigir los nombramientos del Estado de Guatemala.
La red criminal, en la que están involucradas grandes empresas, incluidos medios de comunicación y constructoras, además de más de 50 personas, financió de manera ilegal al Partido Patriota para su llegada al poder en 2012.
Una vez asumido el cargo, el exbinomio presidencial otorgó contratos ventajosos a estas empresas, así como a otras a las que exigió comisiones que alcanzaron al menos 500 millones de quetzales (65,5 millones de dólares), de acuerdo con la investigación oficial.
