Ayer se postularon además la abogada Patricia Rivarola, también fiscal adjunta y miembro del equipo de reformas legislativas del Ministerio Público; así como también la abogada Olga Estela González Rojas, quien por cuestionar el desempeño de los ministros de la Corte fue sumariada en el 2012.
Por último, presentó su candidatura a titular del Ministerio Público el abogado Cheng Chung Kuo, presidente de la Fundación para el ejercicio de los derechos de víctimas de delitos.
Otros candidatos. Además de los mencionados, también presentaron sus respectivas candidaturas otras personas. El primero fue Édgar Hernán Sosa Gómez, abogado que ya se presentó al concurso por el mismo cargo en el 2010; y en segundo lugar se postuló Jorge Adalberto Dos Santos Cáceres, quien fue convencional constituyente en 1992, así como también fue concejal y luego intendente en la ciudad de Caaguazú, y actualmente es senador suplente por la ANR.
El tercer candidato es Ignacio Zorrilla, abogado egresado de la UNA y docente de tres cátedras en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA. El cuarto es Sergio Luis Noguera, egresado de la Uninorte con doctorado en Ciencias Jurídicas, Notario y Escribano Público, y docente.
En quinto lugar se postuló la abogada Patricia Elizabeth Stanley Zarza, egresada de la UNA, asesora y consultora jurídica, además de anteproyectista de leyes de propiedad intelectual y comercial.
El sexto candidato es el fiscal Emilio Amado Fuster Romero, agente de la Unidad Penal Especializada en Seguridad y Convivencia de las Personas del Ministerio Público; y por último figura como postulante el abogado Saúl González Ayala, egresado de la Universidad Nacional del Este en el 2003 con 14 años en la profesión.
Presentación. El Consejo de la Magistratura realizará mañana jueves a las 9.00, en el Gran Salón del Hotel Granados Park, una presentación de lo que será el proceso de selección para la elaboración de la terna de candidatos al cargo de fiscal general del Estado, el cual debe ser elevado al Poder Ejecutivo para su selección y posteriormente debe pasar a la Cámara de Senadores para que estos presten su acuerdo constitucional, según establece la Carta Magna.
