Un severo incidente diplomático con el gobierno del doctor Raúl Alfonsín (1983-1989) protagonizó Luis González Arias, a mediados de 1980, cuando se desempeñaba en la República Argentina como embajador del régimen stronista.
Las relaciones bilaterales se vieron seriamente “comprometidas”, luego de unas declaraciones formuladas por el diplomático en la ciudad de Salta, en mayo de 1986.
Las relaciones se tensaron cuando los presidentes de Argentina, Raúl Alfonsín, y de Colombia, Virgilio Barco, otorgaron su apoyo “en favor de asilados paraguayos en las embajadas de sus respectivos países, Hermes y Miguel Abdón Saquier, del Partido Liberal Radical Auténtico”, señala la propia página web de la Cancillería argentina.
A raíz de ello, en el curso de un acto celebrado en Salta, González Arias acusó al oficialismo argentino de “entrometerse” en los asuntos internos del Paraguay y “asistir en Asunción a los actos políticos de grupos ilegales, no reconocidos”.
En su intervención justificó el estado de sitio que regía en el país por 30 años, señalando que era una manera de cortar el paso a mucha gente que pretendía “infiltrarse” en el Paraguay. Acusaba igualmente al entonces arzobispo de Asunción, monseñor Ismael Rolón, de actuar más como político que como pastor.
“Ante la serie de protestas (opositoras), realizadas últimamente en Asunción, el Partido Colorado también se movilizó. González Arias advirtió por último que “si nos incitan y nos llevan por caminos del pasado, estamos dispuestos a enfrentar esa situación”, refería un cable de la época emitido por la agencia AP.
Las declaraciones generaron la enérgica protesta del gobierno argentino y su embajador en Asunción, Raúl Quijano, exigió al entonces canciller, Carlos Augusto Saldívar, que ofreciera explicaciones sobre el exabrupto del diplomático stronista.
Luego de una serie de tensos encuentros, el régimen encontró la forma de solucionar el impasse al emitir un comunicado en el que el gobierno de Alfredo Stroessner declaraba que las expresiones del enfático González Arias habían sido hechas a título personal y que, por lo tanto, no comprometían la posición oficial del Ejecutivo.
Pese a la solución salomónica, Argentina siguió reclamando que González Arias fuera cesado en sus funciones, bajo la velada amenaza de que el gobierno de Alfonsín podía retirarle el beneplácito o, incluso, declararlo persona non grata.
El régimen stronista, que por la época ya recibía una fuerte presión de la comunidad internacional para permitir una apertura democrática en el país, optó por ceder a los reclamos de Buenos Aires y removió finalmente del cargo al entonces embajador, otorgándole un nuevo destino en el servicio exterior.
