El argumento del Poder Ejecutivo para detener la modernización de los colectivos es que la aplicación del billetaje electrónico –un sistema cuya vigencia se viene anunciando desde el 2015– significará una elevada inversión para el empresariado y que el cobro electrónico del pasaje permitirá mostrar costos efectivos del servicio para luego continuar con el proceso de renovación de los ómnibus.
El Decreto Nº 8886 es el que suspendió en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, que estaba pendiente de ejecución, los efectos del artículo 3 del Decreto Nº 2133/2014, por el cual se estableció la obligatoriedad para las empresas de transporte público de la Gran Asunción de renovar el 10% anual su parque automotor con buses cero kilómetros.
En el considerando del decreto se señala que la implementación del sistema de cobro electrónico del pasaje en la Gran Asunción representa una inversión significativa para las empresas de transporte, “que requiere de esfuerzo a nivel técnico y financiero”.
También el decreto indica que el billetaje electrónico permitirá, tras un año de implementación efectiva, tener un conocimiento real de la situación del transporte público, por lo que para el Ejecutivo “resulta razonable obtener los datos reales del sistema en general, así como de cada empresa de transporte en particular, a los efectos de poder continuar con un proyecto de renovación de la flota sostenible”.
El documento confirma la aplicación de las obligaciones establecidas en el Decreto Nº 2133 del 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016 en lo que hace a la renovación de buses fijados en su oportunidad.
El viceministro de Transporte, Agustín Encina, señaló que “nunca antes se había logrado renovar hasta la fecha el 35% del parque total de buses con unidades 0 km, y haber sacado más de 900 buses chatarras. Pero debemos estudiar aún más íntegramente todos los factores que inciden en el transporte para seguir tomando decisiones que beneficien al usuario”, apuntó.
Ignacio Cárdenas, titular del gremio de transportistas Ucetrama, expresó que “lo decidido en el decreto es razonable porque falta definir el billetaje, la situación de empresas a ser afectadas por el metrobús. El gobierno de Cartes se va sin poder implementar el billetaje. También hay cuestiones que mejorar en la gestión del transporte”.